La Plataforma apoya a Honduras ante las demandas recibidas en el CIADI
El gobierno de Xiomara Castro enfrenta una demanda millonaria por parte de una compañía estadounidense por más de 10 mil millones de dólares. En ese marco, Honduras denuncia que el CIADI actuó de forma fraudulenta. Organizaciones críticas de los TLC, los TBI y el mecanismo de solución de controversias inversor-estado ISDS, como la Plataforma América Latina y el Caribe Mejor Sin TLC, expresaron su solidaridad con la mandataria.
“Denunciamos pública y jurídicamente al CIADI, por violar las leyes y el procedimiento en el caso contra el Estado de Honduras a petición de la ZEDE Próspera Inc. y sus Asociadas, que han visto en el litigio una oportunidad de sumarse al saqueo con un falso arbitraje con que el que pretenden que el Estado de Honduras les pague 10.700 millones de dólares”, señalaron en un comunicado desde el gobierno hondureño.
También denunciaron que el árbitro impuesto para litigio, Dr. Clauss Von Wobeser, es parcial y tiene vínculos con la compañía demandante. Y señalaron que el CIADI, al admitir la demanda, hizo caso omiso a la reserva legal que registró el Estado de Honduras al adherirse al organismo en 1988 violentando el derecho internacional.
El conflicto surgió a partir de que la presidenta Xiomara Castro revocara la Ley 2013 que permitía la creación “Zonas de Empleo y Desarrollo Económico” conocidas como ZEDES. “Vendidas a inversores extranjeros como un paraíso cripto-libertario, a estas zonas se les concedió autonomía del gobierno nacional, creando espacios donde las empresas pueden abusar de los derechos de los trabajadores, ignorar los acuerdos internacionales y extraer la riqueza de la nación hacia cuentas bancarias en paraísos fiscales”, explicaron en un comunicado de apoyo a la presidenta desde la Internacional Progresista.
El país se enfrenta ahora con un total de siete demandas internacionales de arbitraje de diferencias estado-inversor (conocido como ‘ISDS’ del inglés Investor-state dispute settlement), presentadas por diferentes corporaciones. Sólo Próspera Inc. está demandando al gobierno por una suma de $10.700 millones de dólares: dos tercios del presupuesto previsto de Honduras para 2023.
La victoria de Próspera amenazaría así la prestación básica de atención sanitaria, educación pública y vivienda propuesta por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro.
En 2020, cuando Joe Biden era candidato presidencial dijo al sindicato United Steelworkers que su administración pondría fin a las disposiciones del ISDS en futuros acuerdos comerciales. Pero en la práctica, el gobierno de los Estados Unidos ha respondido al caso Próspera atacando al gobierno de la presidenta Xiomara Castro con amenazas de vengar “expropiación o acciones del gobierno hondureño en relación con las inversiones estadounidenses.”
Como ha señalado el ex presidente Manuel Zelaya, las ZEDES establecidas por los gobiernos ilegítimos del Partido Nacional fueron un “proyecto neocolonial para desarticular el Estado y seguirlo saqueando.”
