¿Qué puede enseñarle Honduras a Argentina? La lección que el Súper RIGI no debería ignorar
En 2013 se aprobaron las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, con leyes propias. Peter Thiel impulsó una de ellas llamada Próspera. Todo terminó en un juicio en el CIADI.
Por Luciana Ghiotto para Tiempo Argentino
Peter Thiel ya no es un nombre lejano de Silicon Valley. Compró una mansión de 12 millones de dólares en Barrio Parque, se reunió con Milei en Casa Rosada y hace unas semanas su fondo se quedó con el 1% de Vista Energy, la principal exportadora de petróleo del país, con eje en Vaca Muerta. A su círculo pertenecen también quienes compraron 32 mil hectáreas en San Carlos, Mendoza, descritas por sus propios impulsores como un refugio ante una eventual crisis global. Ese desembarco coincide con el debate del Súper RIGI: el proyecto tuvo media sanción en Diputados y esta semana se cayó su dictamen en el Senado, por lo que ahora, con las modificaciones acordadas, deberá volver a la Cámara baja para una segunda revisión. Este proyecto ofrece 30 años de estabilidad regulatoria, privilegios fiscales, aduaneros y cambiarios y la posibilidad de que el inversor recurra al arbitraje internacional en lugar de la Justicia argentina.
Hay un país mucho más chico que puede enseñarnos algo sobre esto: Honduras. Allí se aprobaron, en un proceso irregular, las ZEDE (Zonas de Empleo y Desarrollo Económico) que son territorios con autonomía regulatoria, tributaria y administrativa casi total. Una primera versión fue declarada inconstitucional en 2011 y el entonces presidente Porfirio Lobo destituyó a los jueces que fallaron en contra para avanzar igual; la nueva ley se aprobó en 2013. En 2020 la primera ZEDE en funcionar, Próspera, se instaló en Roatán sobre el territorio de Crawfish Rock, una comunidad afrodescendiente que nunca fue consultada y, desde entonces, resiste.
El objetivo declarado de estos proyectos es crear un espacio prácticamente sin Estado, donde las empresas eligen sus propias reglas y sus propios tribunales. No es casual que el libro favorito de Thiel sea El individuo soberano, una profecía libertaria sobre la decadencia de los Estados-nación frente a una elite que negocia tratados fiscales privados en vez de pagar impuestos. Y no es solo afinidad ideológica: Thiel financia Próspera a través de Pronomos Capital, fondo creado en 2018. El mismo hombre que hoy compra tierras, mansiones y acciones petroleras en la Argentina ya probó en Honduras cómo se financia y se protege legalmente un enclave privado frente a un Estado soberano.
Próspera se instaló, además, con una asesoría legal sofisticada. Su protección no descansaba solo en el tratado comercial de Centroamérica con Estados Unidos (conocido como CAFTA-DR), que habilita el mecanismo de arbitraje inversor-Estado, sino en un Acuerdo de Estabilidad Jurídica específico con Honduras, que le garantizaba cincuenta años de estabilidad normativa. Cuando el gobierno de Xiomara Castro derogó las ZEDE y la Corte Suprema las declaró inconstitucionales en 2024, la empresa fue directo al CIADI y reclamó 10.775 millones de dólares, casi un tercio del PBI hondureño. En 2025 redujo ese reclamo en un 85%, a 1630 millones, sin motivos que se hayan hecho públicos. Gane o pierda finalmente el caso, Honduras ya pagó un costo enorme: años de incertidumbre fiscal, costos altísimos en defensa jurídica y un antecedente que desalienta a cualquier gobierno futuro a tocar privilegios ya otorgados.
Ese antecedente no es un dato anecdótico para la Argentina de 2026: es, literalmente, el mismo actor. La compra del 1% de Vista Energy es una apuesta directa sobre Vaca Muerta, uno de los sectores que ya goza de los beneficios del RIGI original. Y el interés de Thiel no se agota ahí: los centros de datos e infraestructura digital, exactamente el tipo de «nueva actividad económica» que el Súper RIGI busca atraer y blindar por 30 años, son uno de los negocios centrales de Thiel a través de Palantir. Lo que en Honduras fue un contrato particular con una empresa, la Argentina se apresta a convertirlo en ley general, disponible de antemano para cualquier inversor que cumpla ciertos montos mínimos.
Si mañana una futura administración argentina decidiera revisar las condiciones otorgadas a un proyecto de datos o a una inversión en Vaca Muerta, por una crisis hídrica o un cambio en la política energética, el Súper RIGI le garantizaría a ese inversor la misma herramienta que usó Próspera contra Honduras: saltar la justicia nacional e ir directo al arbitraje internacional.
El tropiezo de esta semana en el Senado, forzado por reclamos de la UCR, el PRO y bloques provinciales que pidieron proteger a los proveedores nacionales, abre una segunda oportunidad para el debate en Diputados. El caso Próspera muestra que ni un contrato a medida de cincuenta años evita que un país termine litigando durante años ante el CIADI, gane o pierda el Estado al final. Cada nueva garantía de arbitraje no cierra ningún capítulo de «seguridad jurídica»: abre otro frente de litigios futuros, atados esta vez a inversiones tecnológicas y extractivas blindadas por tres décadas, en las que uno de los principales beneficiarios podría terminar siendo el mismo hombre que ya probó esta fórmula en Centroamérica. Ese es el aprendizaje que Honduras, un país mucho más pequeño, pobre y golpeado que la Argentina, ya pagó en carne propia. Cuando el Súper RIGI vuelva a Diputados, valdría la pena recordarlo antes de convertirlo en ley.
Demandas contra la Argentina
La Argentina no llega a la discusión del Súper RIGI desde cero. Desde los años ’90 tiene vigentes 48 tratados de protección de las inversiones extranjeras, cada uno con su cláusula de arbitraje.
Como consecuencia, ya acumula 65 demandas internacionales de empresas privadas principalmente en el CIADI que implicaron pagos por unos 10.000 millones de dólares, el equivalente a dos veces el presupuesto educativo de 2024.
La experiencia argentina con el arbitraje de inversiones ya es una de las más gravosas a nivel mundial, incluso antes de que exista una sola demanda vinculada al RIGI o al Súper RIGI.