Solidaridad internacional ante amenazas y demandas
La reciente aprobación por el Congreso mexicano de la reforma a la ley minera, por diluida que sea según críticos, debería acompañarse de una profunda revisión y modificación de tratados de libre comercio y de inversión que otorgan a empresas mineras gran cancha para seguir demandando al país.
Por Manuel Pérez Rocha para La Jornada
Aunque sean empresas mineras extranjeras más pequeñas, llamadas “junior”, las más afectadas por la reforma, estas también pueden interponer demandas supranacionales bajo el mecanismo de solución de controversias inversionista-Estado (ISDS). En muchos casos son financiadas por mineras más grandes que ya se quejan, en el portal Mining.com, de que las “agresivas” reformas de la ley minera “reducen el atractivo de México, ya que ahora las empresas tienen que hacer frente a una mayor carga de consultas previas, estudios de impacto (ambiental) y concesiones de agua, entre otras cosas” (trad. propia https://bit.ly/3B2XC3i).
La ministra de Comercio de Canadá, Mary Ng, ha instado a la secretaria de Economía, Alicia Buenrostro, a que México mantenga “el espíritu de los compromisos asumidos por los líderes en la Cumbre de Líderes del T-MEC” (https://bit.ly/3LYrrZn). Pero quién sabe a cuál “espíritu” se refiera Ng. El T-MEC no puede ser usado por mineras para demandar a México, pues allí, el sistema ISDS se mantiene sólo para empresas relacionadas con hidrocarburos y sólo entre Estados Unidos y México (anexo 14-E). Pero lo que sí pueden usar las mineras canadienses es el Tratado Transpacífico que nos heredó el gobierno de Peña, así como mineras estadunidenses que fácilmente pueden domiciliarse en Canadá (EU no es miembro de este tratado).
Esta discusión continuará el 12 y 13 de junio en la reunión del Diálogo Económico de Alto Nivel Canadá-México. Se suma al asedio de nuestros “socios” del norte. Como advierte un artículo en Naked Capitalism: “tanto Washington como Ottawa ya han amenazado con llevar a México a un mecanismo de resolución de disputas por las reformas energéticas del gobierno de AMLO y la propuesta de prohibir las importaciones de maíz transgénico. Ahora, el gobierno de AMLO quiere cambiar radicalmente las reglas del juego para el enormemente lucrativo sector minero de México, que es una fuente importante de metales industriales y otros minerales para los fabricantes mundiales” (https://bit.ly/3HGD5FH).
Pero la solidaridad internacional es expedita. El Grupo de Justicia Comercial del capítulo de Northumberland del Consejo de Canadienses declara: “Durante demasiado tiempo el gobierno canadiense ha antepuesto los intereses de empresas mineras con sede en Canadá a los derechos de pueblos indígenas y campesinos de México. Canadá necesita frenar la promoción de intereses de empresas mineras que han puesto en riesgo a las comunidades locales y avanzar más allá de la autorregulación voluntaria, para promulgar una legislación estricta que rija las actividades mineras canadienses en el extranjero. El gobierno mexicano ha comenzado a aprobar leyes mineras para proteger tanto a trabajadores como a comunidades vulnerables, centrándose en la observancia de los derechos humanos y la protección del ambiente. En lugar de oponerse a estas nuevas normativas iniciales, Canadá debería aplaudir y prometer su apoyo”.