Declaración Lima -2026
El documento es resultado de las reflexiones e intercambios del Seminario Internacional: «América Latina ante la política comercial de Trump: aranceles, inversiones y la reconfiguración de la relación económica de la región con Estados Unidos», realizado en la ciudad de Lima, Perú, los días 26 y 27 de octubre de 2026, y de la reunión extraordinaria de la Plataforma realizada en la misma ciudad el día 28. El texto fue puesto a consideración de todas las organizaciones miembros, para observaciones y comentarios, siendo esta su versión final.
Compartimos a continuación el texto del documento. Para descargar la versión en PDF ingrese AQUÍ.
DECLARACIÓN 2026
DE LA PLATAFORMA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE MEJOR SIN TLC (*)
POR LA SOBERANÍA DE LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE CONTRA EL IMPERIALISMO Y EL NEOCOLONIALISMO COMERCIAL Y DE LAS INVERSIONES
Las organizaciones sociales, sindicales, populares y medioambientales y las redes continentales reunidas en Lima los días 26, 27 y 28 de octubre, integrantes la Plataforma América Latina y el Caribe Mejor Sin TLC, situamos en el centro de nuestra acción la soberanía de América Latina y el Caribe frente al imperialismo y al neocolonialismo comercial y de las inversiones, por los derechos económicos y sociales y el comercio justo. Frente al unilateralismo, contraproponemos el multilateralismo y la pluralidad social y popular.
I. CONSIDERANDOS
1. El triunfo popular en Brasil. Saludamos la reelección del presidente Lula como triunfo popular brasileño que fortalece la integración, los derechos y el protagonismo popular, frente al intervencionismo estadounidense y la ultraderecha bolsonarista.
2. Imperialismo, trabajo y poder corporativo. La dominación neocolonial se articula con la explotación del trabajo y con grupos económicos internos beneficiarios de la dependencia. Rechazamos el falso dilema entre proteccionismo y libre comercio neoliberal: los aranceles de Trump reorganizan los privilegios corporativos. Los TLC, los TBI y el arbitraje inversionista–Estado (ISDS, por sus siglas en inglés) restringen decisiones democráticas. Esta crítica comprende los acuerdos UE–Chile y UE–Mercosur y los nuevos compromisos con Estados Unidos. La soberanía exige poder efectivo de las mayorías sobre la economía.
3. Las inversiones no son neutrales. Determinan qué se produce, quién controla recursos y tecnología y cómo se distribuyen beneficios y costos. Deben evaluarse por sus efectos laborales, sociales y ambientales, cualquiera sea su origen. Diversificar socios no supera por sí mismo la dependencia: necesitamos capacidades productivas propias, transferencia tecnológica e integración regional.
4. Rechazo al Escudo de las Américas. Denunciamos la subordinación geopolítica y la articulación de intereses comerciales e inversiones con las políticas militares de Estados Unidos y del Comando Sur. Rechazamos la militarización bajo pretextos de protección de capitales o lucha contra el crimen organizado y defendemos a nuestra región como zona de paz. Exigimos reducir drásticamente el millonario gasto en armamento vinculado al complejo militar-industrial, que hoy se garantiza mediante los Acuerdos de Seguridad y Cooperación suscritos por Estados Unidos con nuestros países y por el propio Escudo de las Américas, y demandamos que esos recursos se reorienten hacia la satisfacción de los derechos sociales y el desarrollo de nuestros pueblos. La lucha contra el narcoterrorismo es también una lucha por la vida de los pueblos; rechazamos que los poderosos y los grandes medios utilicen este término para criminalizar la protesta social y ambiental.
5. Respaldo a la Proclama de CELAC como Zona de Paz. Respaldamos la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, adoptada en la II Cumbre de la CELAC (La Habana, 2014) y ratificada en la Declaración de Bogotá (2026), que consagra el compromiso de nuestros Estados con la solución pacífica de las controversias, la proscripción del uso o la amenaza de la fuerza, la no intervención en los asuntos internos y el respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos. Este compromiso es incompatible con la militarización, las agresiones externas y las medidas coercitivas unilaterales que hoy amenazan nuestra región.
6. Deuda, desigualdad y democracia. El endeudamiento, las obligaciones en dólares, la austeridad y la injusticia fiscal restringen los recursos para garantizar derechos. La pobreza y la precarización cuestionan las promesas del modelo exportador. La captura corporativa y la criminalización debilitan la democracia. Frente a las ultraderechas, el racismo y la violencia patriarcal, reivindicamos participación popular, igualdad y protección de las personas migrantes y sus remesas.
7. Paz, descolonización y justicia ambiental. Condenamos el genocidio contra el pueblo palestino y la ocupación colonial marroquí del Sáhara Occidental; respaldamos la autodeterminación, independencia y soberanía de ambos pueblos. Exigimos el fin del bloqueo contra Cuba, rechazamos las agresiones contra Venezuela y las medidas coercitivas unilaterales y defendemos soluciones pacíficas a los conflictos, incluida la guerra en Ucrania. Rechazamos el extractivismo y las transiciones energéticas y digitales que reproduzcan despojo, precarización y zonas de sacrificio.
II. PROPUESTAS
Orientamos nuestra acción por cuatro ejes: soberanía; diversificación e integración; innovación con justicia social; y primacía de los derechos y soberanía regulatoria.
1. Integración desde los pueblos. Fortalecer espacios de concertación popular autónomos frente a los gobiernos de turno, como la CELAC Social, y recuperar mecanismos de cooperación y diálogo político soberano, como la CELAC. Priorizar cadenas productivas regionales, compras públicas, medicamentos, alimentación, energía, infraestructura, ciencia y tecnología. Fortalecer empresas públicas, cooperativas, producción campesina y mipymes, con crédito público y obligaciones verificables de transferencia tecnológica, empleo digno y responsabilidad empresarial. Defender el control soberano de los minerales estratégicos y sus cadenas de valor, así como la justicia socioambiental.
2. Superar los privilegios de los inversionistas y afirmar el multilateralismo. Impulsar auditorías ciudadanas y la revisión, renegociación o denuncia de TLC y TBI lesivos. Avanzar hacia la eliminación del ISDS e intervenir críticamente en la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), evaluando las reformas según su contribución a ese objetivo. Recoger herramientas del South Centre para recuperar autoridad estatal y respaldar un instrumento internacional vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos. Frente al unilateralismo de las potencias, defender el multilateralismo como espacio de reglas democráticas y la pluralidad social y popular como sujeto de la integración.
3. Campaña continental contra el Escudo de las Américas. Exigir el retiro de los países adherentes, rechazar nuevas adhesiones y reclamar transparencia y publicidad de los compromisos, fiscalización y control parlamentario. Movilizarnos contra la subordinación militar y las medidas comerciales coercitivas, defendiendo la capacidad regulatoria de nuestros países.
4. Justicia fiscal y soberanía financiera. Impulsar una articulación continental contra la deuda externa ilegítima, con auditorías ciudadanas y campañas por su anulación. Promover en la ONU una convención de deuda soberana, reestructuraciones justas y reformas de las instituciones financieras y agencias de calificación. Fortalecer banca pública, pagos regionales y tributación progresiva; combatir evasión, elusión y flujos ilícitos. Ampliar financiamiento concesional, cooperación y acceso equitativo a Derechos Especiales de Giro (DEG), activos de reserva. Priorizar salud, educación, pensiones y cuidados frente a la austeridad.
5. Trabajo digno y transiciones justas. Garantizar salarios suficientes, libertad sindical, negociación colectiva, seguridad social e igualdad de género. Combatir trabajo forzoso y subcontratación abusiva. Proteger a las personas migrantes y reconocer los cuidados. Frente a la crisis climática, defender soberanía alimentaria, energética y tecnológica, agroecología, agua y biodiversidad; consulta previa indígena; derecho a la información y participación comunitaria y sindical según el Convenio de Escazú; y reparación ambiental.
6. Poder popular y cooperación soberana. Construir una política de las y los de abajo mediante educación popular, organización territorial y cuidados colectivos. Impulsar gobiernos soberanos y progresistas manteniendo independencia frente a todos los gobiernos. Ampliar la cooperación Sur–Sur, considerando las posibilidades y contradicciones de los BRICS+ y la vigencia anticolonialista del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL), con reciprocidad y beneficio mutuo.
III. ACCIÓN CONJUNTA
Fortalecer la Plataforma y su confluencia autónoma con otras redes, recogiendo las experiencias de la CELAC Social y la Alianza Social Continental. Articular campañas contra el Escudo, el ISDS y la deuda externa ilegítima, seguimiento de tratados, agendas sindicales y fiscales, educación popular, soberanía alimentaria, soberanía tecnológica, regulación democrática de la inteligencia artificial y solidaridad con los pueblos. Organizar apoyo jurídico, protección digital y cuidados para quienes defienden territorios y derechos.
Proponemos constituir un grupo de enlace democrático en 30 días; presentar un plan 2027–2028 con prioridades y responsables en 60 días; elaborar un informe y celebrar una reunión de seguimiento en 90 días; y realizar un balance público a los seis meses. Los plazos se cuentan desde la aprobación y los compromisos se acuerdan entre las organizaciones participantes.
Recogiendo el llamado de la coordinación de la Plataforma América Latina y el Caribe Mejor Sin TLC:
¡Avancemos hacia la construcción de una plataforma continental de organizaciones sociales, sindicales, populares y medioambientales por los derechos económicos y sociales, el comercio justo, el cuidado de los defensores de la naturaleza, y la soberanía de los pueblos!
Desde Lima, Perú, expresamos nuestra más firme solidaridad con Cuba y su pueblo frente al criminal bloqueo imperialista que pretende asfixiarlo; con Venezuela frente a las agresiones, el secuestro de su presidente constitucional y amenazas permanentes sobre sus recursos energéticos; con Haití, cuya dignidad resiste en medio del abandono y la injerencia; y con la autodeterminación e independencia del pueblo puertorriqueño, que sigue librando su lucha anticolonial frente al dominio de Washington.
Desde Lima, Perú, a siete meses del fallecimiento de nuestro compañero Enrique Daza, de Colombia (29 de marzo de 2026), le rendimos un justo homenaje a su legado y a su compromiso con los valores y principios que animan esta declaración.
Lima, 28 de octubre de 2026.