Maniobra de Odebrecht para demandar a Perú ante el CIADI
La empresa brasileña exige 1.200 millones de dólares al Estado peruano, a pesar de que no existe tratado de protección de inversiones entre el país andino y Brasil. Se ampara en un acuerdo existente entre Perú y Luxemburgo, donde fijó domicilio legal su subsidiaria Odebrecht Latinvest S.A. Un ejemplo de cómo las corporaciones triangulan y aprovechan el sistema de tratados para maximizar sus ganancias.
El pasado 4 de febrero la constructora brasileña vinculada a casos de corrupción, Odebretch, presentó una demanda contra el Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), perteneciente al Banco Mundial. El monto en cuestión solicitado por Odebrecht Latinvest ascendería a 1.200 millones de dólares. Ahora resta al CIADI decidir si acepta o rechaza la demanda. Se trata del primer y único caso que la constructora ingresa en ese organismo arbitral.
Lo particular de este caso es que Odebretch, una megacorporación de origen brasileño, demandó a Perú amparada en un tratado del que no participa Brasil. La empresa recurrió en su demanda al Tratado Bilateral de Inversiones entre Perú y BeNeLux (Bégica, Países Bajos y Luxemburgo). Pudo hacerlo porque su subsidiaria Odebrecht Latinvest S.A. cuenta con domicilio legal en Luxemburgo.
Esto deja a la vista una estrategia legal de triangulación donde las corporaciones trasnacionales usan el sistema existente de tratados sin importar la nacionalidad de la empresa, es decir que aprovechan los instrumentos legales que firmaron los Estados para maximizar sus necesidades de ganancia.
Si bien los detalles de la demanda se desconocen, distintos analistas coinciden en que se debe al posible tratamiento de un proyecto en el sector hidrocarburos, específicamente sobre el Gasoducto Sur. Se trata de la obra más costosa asignada a Odebretch por parte del Estado peruano, con un costo estimado de $7.000 millones de dólares para su construcción y un negocio para el transporte de gas y fluidos, desde la selva de Cuzco hasta el sur del país, por 32 años.
En 2016, con estallido del escándalo de “Lava Jato”, el proyecto quedó paralizado. Si bien la empresa Odebretch nunca lo reconoció, documentos filtrados de la compañía probarían que se habrían pagado sobornos. En al menos 17 casos existirían pagos ilegales por más de tres millones de dólares.
“El contrato con la empresa tenía una cláusula anti-corrupción y sería esperable que Odebretch pierda el arbitraje, como sucedió hace cuatro años cuando la empresa Pluspetrol perdió un diferendo contra el país por más de 60 millones de dólares.”
Carlos Bedoya, analista peruano miembro de Latindadd e integrante de la Plataforma América Latina Mejor Sin TLC,
Más allá del resultado, la demanda de Odebrecht es un ejemplo de cómo, a pesar de la política brasileña de no firmar tratados bilaterales de inversiones (que no se revirtió con Bolsonaro), las corporaciones de ese país pueden recurrir a mecanismos de solución de controversias amparándose en otros tratados, para obtener beneficios similares a las trasnacionales norteamericanas, europeas y canadienses.