Impugnan el acuerdo Ecuador – China
Desde Acción Ecológica, organización miembro de la Red Ecuador Decide Mejor Sin TLC, denunciaron el tratado ante la Corte Constitucional. Advierten que atenta contra los derechos humanos y de la naturaleza, a la vez que compromete a Ecuador a dictar leyes en línea con la política comercial acordada. Asimismo, alertan que la protección de inversiones expone a la nación andina a demandas millonarias por parte de empresas chinas.
El Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y China se encuentra en proceso de ratificación. Para ello la Corte Constitucional ecuatoriana estableció que, previamente, debe ser aprobado por el congreso y se debe dar lugar a la ciudadanía para expresar su defensa o impugnación. En ese marco, Acción Ecológica presentó un “amicus curiae” donde desarrolla varios motivos para impugnarlo por inconstitucional.
Uno de los elementos centrales de la impugnación es que, en el texto del tratado, Ecuador se obliga a “expedir, modificar o derogar leyes”. De este modo, el debate democrático y los intereses de la ciudadanía quedarían subordinados al mismo tratado.
En el mismo sentido, el acuerdo avasalla el principio de “buen vivir” que tanto la Constitución de Ecuador como las sentencias de la Corte Constitucional han reconocido. Si el tratado prospera funcionaría como una barrera ante posibles acciones en defensa de la naturaleza y los derechos de los pueblos que, por ejemplo, ponen límites a actividades extractivas.
Desde Acción Ecológica explican que el acuerdo se apoya en una oferta exportación a China de “mercancías” como camarón, banano, cacao, flores, pesca industrial, aceite de palma, frutas y hortalizas. La mayoría de esas mercancías se producen bajo el modelo de agro-negocio y de monocultivo, que se ha impuesto y avanza en base a desplazamientos y violencia sobre las comunidades campesinas.
Expandir ese modelo productivo, alertan desde Acción Ecológica, profundizará desastres como la destrucción de manglares, humedales, salinización de tierras y contaminación con agro-tóxicos de agua y suelos, con graves afectaciones sobre los ecosistemas y sobre la vida humana. La implementación de medidas contrarias a este modelo, en el marco del tratado, puede ser considerada una “discriminación arbitraria” o una “restricción encubierta” al comercio.
“Nos preguntamos si se consideraría una discriminación arbitraria o una restricción encubierta impedir el ingreso al Ecuador de chatarra y desperdicios de manufacturas chinas bajo el pretexto de recuperar materias primas”, señalan desde Acción Ecológica.
En el mismo sentido, explican, se podría considerar cualquier acción contra el impacto de los barcos fábrica chinos sobre la fauna marítima de Galápagos
El amicus curiae también detalla las principales empresas chinas instaladas en Ecuador en áreas como hidroelectricidad, megaminería y producción de agrotóxicos y explica que, gracias al capítulo de protección de inversiones, tendrían un blindaje que las habilitaría a realizar demandas millonarias contra el país si ven afectados sus negocios. Esta situación permitiría a las trasnacionales chinas “ejercer presión para que los controles ambientales y de respeto de los derechos humanos se flexibilicen a su favor”.
Para descargar el amicus curiae completo ingresar AQUÍ.
Muchos de los impactos que señalan desde Acción Ecológica también son reseñados por el Observatorio Socioambiental de la Inversión China en Ecuador (OSICHE) cuyo último boletín puede descargarse desde AQUÍ.