Chile: la soberanía en riesgo

Este jueves la Cancillería informó que la aseguradora Ohio National dio inicio al mecanismo de resolución de controversias del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Chile, debido a la Reforma Constitucional que habilitó a los pensionados a hacer retiros o préstamos con cargo a su renta vitalicia.

De acuerdo a lo que señala la compañía internacional, este retiro de fondos afecta el derecho de  ON Gloral Holding LLC – matriz de Ohio National- de recibir un trato justo y equitativo. y, además transgrede la prohibición de todo tipo de expropiación directa e indirecta en favor del Estado  firmante del instrumento internacional.

Consultado sobre los argumentos esgrimidos por la empresa internacional, Lucio Cuenca, ingeniero y director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) además de candidato Constituyente por el Distrito 12, señaló que este conflicto era un asunto absolutamente previsible, pues ya se han dado casos similares con el Aeropuerto de Santiago o la empresa sanitaria de Osorno, sin embargo aseguró que los fundamentos de la activación del mecanismo de resolución de conflictos son engañosos.

“La gran trampa que hay acá es que ese dinero no es de ellos, pero apelan a una expropiación indirecta pues sobre ese dinero ellos dejarán de percibir ganancias o utilidades. Ambos argumentos fueron aceptados por los gobiernos y parlamentos que ratificaron estos tratados y hoy nos damos cuenta que afectan seriamente la toma de decisiones soberanas que podamos hacer como país frente a una situación tan delicada como la que estamos viviendo con la pandemia. Pero también se transforma en un obstáculo y chantaje de los capitales trasnacionales para impedir obtener mejoramiento en los derechos sociales o en profundizar la democracia, en el contexto de un proceso constituyente. Esto lo escuchamos cuando se habla de royalty, impuestos a las grandes riquezas y se transforma en un coro de los grandes capitales, empresas y millonarios que buscan finalmente bloquear un proceso que soberanamente nuestro país ha decidido transitar. Es una situación realmente preocupante”, explicó Cuenca.

 

“No podemos aceptar estos chantajes al ejercicio soberano de las decisiones que corresponde tomar en nuestro país”, enfatizó.

En ese mismo sentido se manifestó el académico del Instituto de Estudios Internacionales y Coordinador del Magíster en Desarrollo y Cooperación Internacional, José Miguel Ahumada, quien además explicó cómo la activación del mencionado mecanismo es una muestra de cómo este tipo de instrumentos internacionales pueden causar graves afectaciones a la soberanía nacional.

“Durante harto tiempo hemos venido diciendo que los TLC – y su ejemplo más prístino es el Tratado con Estados Unidos- tienen dos caras. La primera cara, que fue la más promocionada, es que ampliaba los espacios de comercio de los productos chilenos, hacía que nuestros productos entraran a ese mercado con cierta competitividad y mejores condiciones. Pero la otra cara del acuerdo era que Estados Unidos demandaba un conjunto de normas que restringían el espacio para que el Estado chileno pudiera hacer políticas no solamente productivas, sino sociales”, sostuvo el especialista.

“Lo que está sucediendo ahora con Ohio es un ejemplo claro de lo que implicó este tipo de acuerdos y que durante tanto tiempo se nos había dicho que solo habría concesiones mínimas, que no tendrían impacto mayor en nuestra economía. Lo que estamos viendo es que sí tiene impactos importantes y por un punto fundamental: si Ohio tiene que hacer negociación con el Estado dentro del territorio, tendría una situación diferente que la demanda que busca hacer en tribunales internacionales. Porque eso es lo que busca con lo que está haciendo ahora”, añadió el PhD en Estudios de Desarrollo, Universidad de Cambridge.

 

La soberanía en riesgo ad portas del proceso constituyente

Otro de los temas a los que aludió la compañía internacional al enviar la carta al canciller Allamand, notificando del inicio del proceso, fue el clima de incerteza jurídica reinante en Chile y cómo éste afecta a la compañía al recibir un trato injusto. En ese sentido, José Miguel Ahumada señaló que, según su percepción, ese reclamo refiere más a la situación política que a una nueva Constitución.

“Ello da cuenta de la capacidad de los conglomerados para hacer presión política incluso desde tribunales internacionales. Una nueva Constitución deberá discutir qué naturaleza se le va a dar a este tipo de acuerdos internacionales o si podemos estar abiertos a cambiar ciertas normativas dentro de estos tratados”, señaló.

La pregunta que viene luego de esta decisión de Ohio National dice relación con cuánta soberanía pierde Chile al suscribir o ratificar este tipo de instrumentos internacionales y así lo planteó Carlos Figueroa, cientista político y ex vocero de la plataforma Chile Mejor sin TLC.

“Muchos mecanismos que tiene Chile ya adoptados o firmados, como lo son los tratados de inversión bilaterales, los tratados de libre comercio o tratados como el TPP11, que Chile no lo ha ratificado, son esquemas legales que le permiten a estas corporaciones demandar al Estado de Chile en caso de que ellas sientan que se pasan a llevar sus intereses, en instancias internacionales como son el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que probablemente favorecerán más a las corporaciones que a Chile”.

“Lo que está pasando en Chile hoy es que hay una situación de extrema insensibilidad que nos enrostra cómo opera el mercado y esta lógica mercantilizada de gestión de los derechos sociales, porque estamos hablando del sistema de pensiones. El haber mercantilizado los derechos sociales, haberlos transformado en un negocio tiene estas consecuencias. Eso debiera tener costos políticos de quienes sostuvieron y quienes impulsaron este tipo de políticas, porque nos expone a una situación extremadamente grave de no poder atender las urgencias de la pandemia y, a la vez, se transforma en especies de candados que van amarrando las posibilidades de mejoramiento de la democracia y de tener un país con derechos sociales garantizados. Eso, a las puertas de un proceso constituyente, es nefasto”, agregó por su parte Lucio Cuenca.

El punto a considerar es si en el proceso de redacción de una nueva Carta Fundamental, el órgano constituyente podrá o no prescindir de este tipo de Tratados que parecen amenazar la soberanía y obligan al Estado a someterse a mecanismos de solución de controversias que pueden no ser enteramente imparciales.

Es justamente ese asunto el que Lucio Cuenca, candidato a integrar la Convención Constituyente por el Distrito 12,  relevó como fundamental a la hora de estudiar la aprobación de nuevos tratados, como por ejemplo el TPP11, cuya urgencia ha sido renovada en varias oportunidades por el Ejecutivo.

“Hay que tener claro que hay una disputa entre el poder constituido que es el Gobierno, el Poder Legislativo, más los poderes económicos, con el poder constituyente que somos todos los ciudadanos, comunidades y pueblos que habitan este territorio que queremos hacer ejercicio pleno de la soberanía a partir del proceso constituyente. Sin duda, esta lógica cuestionada y con poca credibilidad se resiste a que haya transformaciones en este país y es a eso que se debe sobreponer el proceso constituyente”.

“La nueva Constitución probablemente no va a eliminar los TLC de un día para otro, pero puede establecer cláusulas que recuperen la soberanía de nuestro país para que no se vuelva a comprometer, pero a la vez busquemos maneras para bajarnos de aquellos tratados que están siendo profundamente lesivos para el avance del bienestar de la población. Ese es el gran desafío y creatividad que hay que poner en el proceso constituyente“, concluyó el ingeniero.