Acuerdo de libre comercio UE-Chile: ¿oportunidad u obstáculo?

Chile negocia la modernización de su tratado de libre comercio con la UE. En ambos lados, las voces críticas son cada vez más fuertes. Al mismo tiempo, Chile debe proveerse de una nueva Constitución.

Por Deutsche Welle (DW), la cadena informativa de Alemania para el extranjero.

«El libre comercio es el mejor instrumento para promover el desarrollo sostenible, la creación de empleo y la innovación», dijo León de la Torre, embajador de la Unión Europea (UE) en Chile, en una mesa redonda a finales de septiembre sobre la modernización del Acuerdo de Asociación, que existe desde 2003 entre Chile y la UE.

«El comercio se ha más que duplicado. La UE es el tercer socio comercial más importante de Chile y ha contribuido a la diversificación de la economía chilena», precisó el embajador. «La modernización del Acuerdo de Asociación enviará una fuerte señal para fortalecer la confianza mutua y traer más inversión europea a Chile», aseguró.

Según un informe del Ministerio de Economía de Chile, cuando el acuerdo entró en vigor en 2003, más del 53 por ciento de las exportaciones de Chile a la UE consistían en productos mineros y solo el diez por ciento en productos agrícolas, forestales y pesqueros. Pero, en 2019, estos últimos representaron más del 18 por ciento de las exportaciones a la UE.

Cátodos de cobre, carbonato de litio, celulosa, paltas o aguacates, arándanos, vino, nueces y salmón son hoy algunos ejemplos de productos chilenos que se exportan a la UE libres de impuestos. La UE, por su parte, suministra principalmente vehículos, aviones, medicamentos y productos químicos a Chile.

Desde 2017 se está negociando una modernización de los componentes comerciales del acuerdo existente, con el objetivo, entre otras cosas, de desmantelar aún más las barreras comerciales, adaptar las normas ambientales y proteger a los inversores. «Para nosotros es una prioridad mejorar las condiciones de acceso de los productos chilenos al mercado europeo», dice el jefe negociador chileno, Felipe Lopeandía.

Extracción de materias primas en lugar de industrialización

Chile es el principal proveedor de litio de la UE, cuya industria automotriz lo emplea para producir baterías para autos eléctricos. El acuerdo de asociación existente ya prevé un arancel cero para el comercio de productos de litio. Las propuestas de la UE para el nuevo acuerdo incluyen un capítulo sobre energía y materias primas, que debería facilitar aún más el acceso de la UE a las materias primas chilenas.

Lopeandía ve esto de manera crítica. «La UE quiere acceso preferencial a ciertas materias primas. Tal obligación podría convertirse en una especie de camisa de fuerza para Chile», dice. El acuerdo podría evitar que Chile desarrolle su propia industria de baterías de litio en lugar de simplemente extraer la materia prima.

El proceso de extracción y evaporación intensiva en agua para la obtención de carbonato de litio en el desierto de Atacama chileno también ha generado conflictos con los indígenas atacameños, que no pueden sobrevivir sin agua.

«En Chile, seguimos siendo una república bananera en el sentido de que exportamos materias primas e importamos productos procesados, ​​en lugar de desarrollar nuestra propia industria», dice Jorge Muñoz Coca, uno de los líderes de la comunidad indígena de Soncor, en el desierto de Atacama.

Los acuerdos de libre comercio como el que se está negociando entre Chile y la UE profundizarían aún más la dependencia de Chile de las materias primas y aumentarían así los problemas asociados con su extracción.

«El concepto del triángulo de litio crea la imagen de un gran paisaje desértico, rico en materias primas y en el que no hay vida. Pero hemos vivido aquí durante siglos», dice. «Las empresas mineras llevan muchos años violando nuestros derechos humanos. Contaminan el medio ambiente, nos quitan el agua que necesitamos para la agricultura y así destruyen nuestra cultura».

«Las empresas destruyen la biodiversidad»

Los mapuche, el pueblo indígena más grande de Chile, se ven afectados por las plantaciones forestales que han llevado a la destrucción del bosque natural en su territorio. Las fábricas de celulosa también vierten sus aguas químicas residuales a los ríos y al mar.

Juana Calfunao es lonko, autoridad de la comunidad mapuche de Juan Paillalef, en Cunco, en la región de la Araucanía. Hace campaña contra empresas que están destruyendo el medio ambiente en territorio mapuche. Ha estado en prisión varias veces y ha denunciado las violaciones de derechos humanos contra el pueblo mapuche ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

«Las empresas destruyen la biodiversidad en nuestro territorio y están protegidas por el Estado y los acuerdos internacionales. En cambio, vamos a la cárcel por proteger nuestra tierra y la naturaleza», dice Calfunao. Ninguna autoridad mapuche ha sido consultada en las negociaciones del acuerdo, denuncia.

Otras organizaciones de la sociedad civil critican también esto. Tras cada ronda de negociaciones, el Ministerio de Economía de Chile organiza un evento informativo llamado cuarto adjunto. Sin embargo, en estos eventos participan casi exclusivamente representantes de empresas, como muestran las listas de participantes.

«Nunca fuimos invitadas a estos eventos, aunque somos las más afectadas por las consecuencias del acuerdo», dice Alicia Muñoz de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri), que reúne a pequeñas agricultoras, trabajadoras temporeras y mujeres indígenas.

Condiciones laborales precarias y pesticidas tóxicos

Más del 40 por ciento de la población activa en Chile trabaja en el sector informal. Las condiciones laborales de los trabajadores temporeros son precarias, muchos no tienen contrato de trabajo y, por lo tanto, tampoco seguridad laboral alguna.

“Los temporeros que trabajan en la cosecha para la agroindustria son tratados como productos desechables. Nuestros cuerpos están envenenados por el uso de pesticidas. Muchas mujeres tienen cáncer y dan a luz niños con malformaciones”, dice Muñoz.

La importación de plaguicidas de empresas europeas como Bayer, BASF y Syngenta a Chile ha aumentado considerablemente en los últimos años. Algunos, como el paraquat, están prohibidos en la UE debido a su nocividad para la salud.

El capítulo sobre propiedad intelectual, que es una de las propuestas de la UE, también prevé que Chile firme el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales UPOV 91. Esto podría incrementar la privatización de semillas. “Esto no solo conduce a una pérdida de biodiversidad, sino que también pone en peligro nuestra seguridad alimentaria. Si se patentan las semillas tradicionales, los pequeños agricultores ya no pueden plantarlas. Eso se convierte en un delito”, dice Muñoz.

Sin sanciones por violaciones de derechos humanos y degradación ambiental

Por el contrario, el estudio de sostenibilidad encargado por la UE afirma que los cambios económicos provocados por el acuerdo tendrán “poco impacto” sobre el medio ambiente y la situación de los derechos humanos en Chile.

Judith Schönsteiner, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales en Santiago de Chile, documenta violaciones de derechos humanos por parte de empresas en Chile y publica un informe una vez al año.

Schönsteiner  considera insuficiente el estudio de sostenibilidad: «Utiliza un método cuantitativo. Por supuesto, puede proyectar los flujos comerciales, pero es muy difícil capturar datos cualitativos como la protección de los derechos humanos y de la legislación laboral».

El nuevo acuerdo no prevé sanciones si las empresas violan los derechos humanos o contaminan el medio ambiente. El capítulo sobre “Comercio y desarrollo sostenible” solo prevé un panel de expertos que puede hacer recomendaciones si no se cumplen los objetivos de sostenibilidad de la ONU.

«Los capítulos sobre protección ambiental y derechos humanos en los tratados de libre comercio suelen ser capítulos no vinculantes, principalmente porque no son justiciables, por lo que no se pueden demandar», critica Schönsteiner. «Y especialmente nadie que sea una víctima puede demandarlos. El Estado tendría que hacerse cargo de eso. Y eso, generalmente, no pasa», dice.

Crítica en el Parlamento Europeo

También en el Parlamento Europeo aumentan las voces críticas con el Acuerdo de Asociación con Chile. Helmut Scholz es eurodiputado de la Izquierda europea y miembro de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento de la UE. Como con el acuerdo con Mercosur, que fue rechazado por el Parlamento de la UE a principios de octubre, advierte que el capítulo de sostenibilidad del acuerdo con Chile no contiene un mecanismo vinculante de solución de controversias.

«El capítulo de sostenibilidad tanto del acuerdo con Mercosur como del acuerdo con Chile es un tigre sin dientes. En última instancia, dominan los intereses de poder», dice. «Es simplemente muy poco para cumplir los nuevos requisitos hacia una reestructuración socioecológica de la economía. Necesitamos mecanismos que permitan una reorientación de la economía a ambos lados del Atlántico».

Tribunal de Inversiones: ¿obstáculo para la nueva Constitución en Chile?

El 25 de octubre se llevó a cabo un referéndum en Chile, después de más de un año de grandes protestas en las que hubo muertos y heridos. Casi el 80 por ciento de la población votó para redactar una nueva Constitución. La Constitución actualmente vigente en Chile data de la época de la dictadura de Pinochet y forma la base del modelo neoliberal que fue criticado durante las protestas.

«Chile es el país del mundo que más tratados de libre comercio ha firmado. Estos acuerdos no son casuales, están en el corazón del modelo neoliberal que cuestiona el movimiento de protesta», dice Tomás Hirsch, miembro chileno de Acción Humanista. Como otros, pide que se suspendan las negociaciones sobre el Acuerdo de Asociación.

Las propuestas de la UE para las negociaciones incluyen un capítulo sobre solución de controversias. La UE quisiera introducir un Sistema de Tribunales de Inversiones (ICS) para resolver conflictos entre inversores y Estados.

Estos tribunales de Justicia han sido objeto de duras críticas porque permiten a los inversores demandar a los Estados si, por ejemplo, aprueban leyes sobre la protección de los trabajadores o del medio ambiente o nacionalizan los recursos naturales y, por tanto, perjudican las ganancias de los inversores.

«Los chilenos pueden esperar una ola de demandas si alguna reforma afecta los intereses de las empresas transnacionales», dice Gus Van Harten, profesor de derecho administrativo en la Universidad de York y experto en derecho de inversiones.

Pese a todo, tanto Chile como la UE quieren poner fin a las negociaciones lo antes posible. De la Torre, el embajador de la UE, lo dejó muy claro en la octava ronda de conversaciones que terminó en septiembre: «Nos gustaría concluir las negociaciones antes de que comience un complejo ciclo electoral en Chile, que podría dificultar la celebración de acuerdos como este.»

La investigación para este artículo se realizó junto con Loreto Contreras y Maria Cariola, con una beca de la Fundación Heinrich Böll.

(rm/ers)