Apoyo a defensores indígenas y ambientales ecuatorianos
La Plataforma suscribió una carta al embajador de Canadá en Ecuador donde acompaña la preocupación por la criminalización de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA), debido a su labor como personas defensoras de la naturaleza y el agua. Las organizaciones locales denuncian el accionar de la empresa minera canadiense DPM Metals Inc.
Reproducimos texto de la carta del embajador
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Carta a la embajada en Canada en Ecuador
Asunto: Solicitud de implementar las directrices de Voces en riesgo en pro de la protección de integrantes de la FOA que son objeto de acciones penales infundadas iniciadas por una empresa minera canadiense
Respetado Embajador Craig Kowalik,
Embajada de Canadá en Ecuador
Las organizaciones de la sociedad civil ecuatorianas, canadienses e internacionales que suscribimos, expresamos nuestra profunda preocupación por la criminalización que vienen enfrentando defensores indígenas y ambientales de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA), en la provincia de Azuay, debido a su labor como personas defensoras de la Naturaleza y el Agua en defensa del páramo de Kimsakocha y en contra del Proyecto Loma Larga, de la empresa minera canadiense DPM Metals Inc. Le instamos a que tome medidas inmediatas para proteger a las y los defensores del agua y a que exija a la empresa que respete los derechos humanos de conformidad con las directrices de Voces en Riesgo.
Por más de 30 años, las comunidades afectadas por este proyecto han luchado de manera pacífica por la protección del páramo de Kimsakocha, un ecosistema único que juega un papel fundamental en la regulación de los ciclos del agua en la región y la adaptación al cambio climático, proporcionando agua potable a decenas de miles de personas.
En el 2025, la FOA y aliados lideraron acciones ambientales para la protección del Páramo de Kimsakocha y las fuentes hídricas de la región. Entre ellas, la marcha histórica en defensa del agua el 16 de septiembre de 2025, con la participación de aproximadamente 100.000 personas de la provincia de Azuay y de otras provincias del país. Días después, la FOA y aliados también realizaron una minga de limpieza en los páramos de Kimsakocha. En esa jornada se recolectaron desechos abandonados por la empresa DPM Metals en los nacientes ríos Irquis y Tarqui.
Por medio de estas acciones pacíficas, la FOA y organizaciones aliadas lograron que el gobierno nacional revocara la licencia ambiental del proyecto. No obstante, estos logros ambientales han resultado en represalias contra integrantes de la FOA y del Cabildo por el Agua, como el congelamiento de sus cuentas bancarias por presunto delito de enriquecimiento privado injustificado.
En noviembre, en una carta abierta dirigida a DPM Metals Inc, con copia a usted y su oficina y firmada por 106 organizaciones internacionales y 48 profesores universitarios, abogados, líderes y lideresas indígenas y activistas de derechos humanos se le instó a la empresa a cerrar definitivamente su proyecto Loma Larga y a cumplir con la ley (ver carta adjunta).
Ese mismo mes, Lauro Sigcha, Lizardo Zhaguï, Marco Tapia, Ruth Pugo, Carmita Perez y Yaku Perez, integrantes de la FOA, fueron objeto de una acción penal por parte de la empresa DPM Metals por el presunto delito de daño a bien ajeno y asociación ilícita. Los cargos están relacionados con los trabajos de limpieza en el páramo de Kimsakocha.
En una nota de prensa el 25 de noviembre, la FOA caracterizó “este proceso [como] un acto de intimidación que busca frenar la defensa territorial, no solo por haber expuesto la contaminación minera, sino también por las acciones legales y comunitarias que han impedido el avance de la megaminería en el páramo de Kimsakocha”. Tal criminalización por su labor ambiental vulnera sus garantías constitucionales, incluidos sus derechos a la integridad personal, la libertad de expresión, libertad de asociación y libertad de reunión pacífica.
Cabe señalar que esta criminalización de las y los defensores del agua y la naturaleza de Azuay no es el primer caso de conducta empresarial poco ética e irresponsable por parte de DPM Metals Inc.
La empresa canadiense ha tratado de negar, por ejemplo, la existencia de la comunidad indígena de Escaleras en sus informes y ante los tribunales, argumentando que no había pueblos indígenas en la zona afectada por el proyecto. No obstante, las cortes han fallado a favor de las comunidades. La falta de consulta y consentimiento libre, previo e informado con las comunidades indígenas, la falta de consultas ambientales y las preocupaciones sobre el impacto en el medio ambiente y el agua potable aguas abajo del proyecto minero llevaron a su suspensión en 2022 por un tribunal local, una decisión que fue confirmada por otras instancias provinciales en el 2022, 2023 yque fue confirmada en el 2024 por la Corte Constitucional de Ecuador.
Nos preocupa profundamente este incidente en el que una empresa canadiense presenta nuevamente una demanda penal contra defensores de los derechos humanos y de la naturaleza (defensores ambientales de Las Naves y Paloquemado se enfrentan a procesos penales similares infundados iniciados por empresas mineras canadienses)con el fin de silenciar la resistencia pacífica a su proyecto, especialmente en un contexto de una inminente firma y ratificación de un tratado de libre comercio (TLC) entre Canadá y Ecuador que busca facilitar aún más las inversiones mineras canadienses en Ecuador y proporcionar una protección aún mayor a las empresas mineras canadienses.
La embajada canadiense promociona este TLC entre Canadá y Ecuador como un acuerdo inclusivo y equitativo. Le instamos a que no permanezca indiferente ante la criminalización de los defensores del agua e indígenas en Ecuador y a que escuche las voces de las comunidades y organizaciones que se movilizan por visibilizar los impactos ambientales y de derechos humanos de las empresas mineras canadienses en el país, potencialmente exacerbados por este futuro TLC.
La embajada de Canadá en Ecuador debe priorizar los derechos humanos y de la naturaleza sobre los intereses de las empresas canadienses.
Por medio de esta comunicación, le solicitamos a la embajada de Canadá en Ecuador que de acuerdo a las directrices Voces en Riesgo de Canadá sobre el apoyo a los defensores de los derechos humanos:
- Asistir, en calidad de observadores internacionales, a todas las audiencias de las y los defensores del agua que se celebren en la ciudad de Cuenca;
- Pedir a la empresa DPM Metals desistir de los procesos penales contra las defensoras y defensoras del agua y la naturaleza;
- Retirar el apoyo económico, político y comercial a la empresa Minera DPM Metals Inc por los graves daños cometidos contra la naturaleza, la violación a la constitución de Ecuador y por la criminalización de defensores del agua;
- Visitar la provincia de Azuay y el páramo de Kimsakocha y reunirse con la FOA y organizaciones aliadas.
Además, el apoyo que DPM Metals recibe de su oficina, le solicitamos que inste a la empresa canadiense a que:
- Cancele definitivamente el proyecto minero Loma Larga y sus actividades mineras en el páramo de Kimsakocha;
- Respete las decisiones judiciales de 2022, 2023 y las sentencias constitucionales del 2024 así como las Consultas Populares vinculantes del 2019 de Girón y del 2021 de Cuenca;
- Desista de cualquier intento de demanda en cortes arbitrales, puesto que el art. 422 de la Constitución ecuatoriana prohíbe ceder jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional.
Le agradecemos de antemano su atención a los asuntos planteados en esta carta y su pronta respuesta. Esperamos con interés su respuesta.
CC: Agregado Comercial para el sector minero en la Embajada; Directora para América del Sur, Asuntos Globales de Canadá; Honorable Maninder Sidhu, Ministro de Comercio Internacional, Promoción de las Exportaciones, Pequeñas Empresas y Desarrollo Económico; Simon-Pierre Savard-Tremblay, Portavoz del Bloque Quebequense en materia de Comercio Internacional; Don Davies Portavoz del NDP en materia de Comercio Internacional; Elizabeth May, Líder parlamentaria del Partido Verde de Canadá