Guatemala: el agua y el territorio en riesgo frente a las demandas corporativas
Un informe del equipo de comercio e inversiones del Transnational Institute (TNI) y del Institute for Policy Studies (IPS) expone cómo, cuando las comunidades se organizan para defender el acceso al agua, sus territorios y sus derechos ancestrales como pueblos originarios, las empresas ponen en marcha demandas multimillonarias contra el Estado. Eso es posible gracias al sistema de solución de controversias inversor-Estado, ISDS por sus siglas en ingles.
Durante los últimos diez años, Guatemala ha recibido una serie de demandas multimillonarias de arbitraje internacional relacionadas con disputas de empresas mineras y energéticas, que buscaron instalarse en el territorio de pueblos indígenas y campesinos. Estas empresas contaron con el apoyo del Estado para imponer sus proyectos en contra de la autodeterminación de los pueblos afectados, generando daños sociales y ambientales, y grandes conflictos que han conllevado amenazas, procesos de desprestigio e intimidación, criminalización, militarización, intentos de asesinatos y asesinatos, afectando gravemente a las comunidades en resistencia.
Para tratar de imponer estos proyectos, el Estado de Guatemala colaboró con las empresas para facilitar el avance de estas inversiones, primero, ignorando las decisiones que las comunidades y pueblos habían hecho ampliamente conocidas a través de consultas de buena fe, plantones de resistencia, y otras acciones que demostraron su autodeterminación y rechazo a un modelo de desarrollo que destruye el agua, el territorio y perjudica la salud comunitaria. Además de facilitar permisos o permitir que avancen proyectos con irregularidades, en diversos momentos, el Estado participó en los procesos de represión o militarización en favor de las inversiones.
A pesar de tener muchos aspectos a su favor, cuando los inversores no fueron capaces de avanzar en sus proyectos, las empresas transnacionales recurrieron al sistema de solución de controversias Inversor-Estado (conocido por sus siglas en inglés ISDS) para interponer demandas multimillonarias en contra de Guatemala, en un intento por presionar al Estado, o recuperar su inversión y generar ganancias por esta otra vía.
Algunos datos destacados del informe
- Desde 2007, Guatemala ha enfrentado 13 demandas arbitrales, de las cuales 9 fueron iniciadas bajo Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) y Tratados de Libre Comercio (TLC).
- Los inversores reclamaron casi 1.700 millones de dólares al Estado guatemalteco.
- Los tribunales arbitrales ya condenaron al Estado a pagar más de 160 millones de dólares a los inversores, equivalente a más de tres veces el presupuesto del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) en 2025.
- Más del 50 % de las demandas se concentran en el sector energético.
- Guatemala recibió su primera demanda del sector minero por la suspensión de la mina Progreso VII Derivado de la empresa estadounidense Kappes, Cassiday & Associates (KCA).