Mercosur-UE: un llamado a no firmar

Las organizaciones firmantes manifestamos nuestro rechazo al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y exigimos a las autoridades del Mercosur que no lo firmen ni ratifiquen.

Este acuerdo tendrá fuertes impactos económicos, sociales, laborales y ambientales en los países del Mercosur, forzará la apertura del sector industrial en los países del bloque en un plazo de 15 años, favoreciendo así la importación de productos como automóviles, maquinarias, textiles y calzados, entre otros. Esto provocará el quiebre de cientos de industrias en la región, reemplazando producción industrial local por importaciones, provocando de este modo el aumento del desempleo. En un contexto económico crítico ligado a la pandemia de Covid-19, esta apertura tendrá efectos sociales incalculables, y aumentará la conflictividad laboral en la región.Encontramos preocupante que el acuerdo haya sido negociado por los gobiernos del Mercosur sin ningún mecanismo de transparencia: no se mostraron estudios de impacto y no se buscó diálogo con los sectores afectados ni con la academia regional. Los negociadores se guiaron por una fe ciega en el libre comercio sin analizar los impactos integrales de todos los capítulos de este acuerdo sobre la salud, los ecosistemas, sobre el mundo del trabajo, sobre los derechos humanos, y sobre las mujeres.

Por su parte, la Comisión Europea publicó recientemente un estudio elaborado por la London School of Economics (LSE) con resultados preocupantes [1]. Este estudio predice que con el acuerdo se logrará un aumento del 0,1% del PIB para la UE en 10 años mientras que calcula un impacto del -0,1% para los países del Mercosur. Asimismo, señala que se producirá un aumento del desempleo en el sector de los vehículos de motor en Argentina y Uruguay, en el sector de la maquinaria en Brasil y Paraguay, y en el sector químico y farmacéutico en Uruguay, Paraguay y Argentina. Otros estudios muestran los efectos sobre el empleo: se estima que sólo en Argentina se ponen en riesgo más de 180.000 puestos de trabajo [2].

En general, los resultados de los estudios existentes muestran resultados negativos para los países del Mercosur en muchos aspectos. Entre otros, contribuirá a reforzar las desigualdades de género, aumentando la brecha salarial de género, que no está resuelta en ninguno de los dos bloques, pero que tiene dimensiones mucho más graves en el Mercosur. Las importaciones de textiles desde Europa, por ejemplo, aumentarán en más de 400% y afectarán sobre todo a las mujeres que ocupan el 94% de los puestos de trabajo en este sector en Brasil y el 80% en Argentina [3].

Un atentado a la integración

La apertura comercial y la reducción de aranceles afectará seriamente el proceso de integración económica del Mercosur, generando la ruptura de las cadenas de valor regionales, construidas durante tres décadas. Las más afectadas serán las pequeñas y medianas empresas que emplean a millones de personas, ya que sus productos serán reemplazados por las importaciones europeas. El movimiento sindical del Mercosur ha expresado en numerosas ocasiones su rechazo al acuerdo y su preocupación por los efectos del mismo sobre el medioambiente y el derecho a un trabajo digno, con garantías y derechos.

En este acuerdo, la apertura comercial no es el único tema relevante, ya que el resto de los capítulos llamados “asociados al comercio” tendrán igualmente impactos en la región. El capítulo sobre Servicios apunta a la privatización, en especial de servicios postales, telecomunicaciones y la desregulación del sector financiero. Aún se desconocen los anexos que acompañan al capítulo, por lo cual no hay seguridad de que haya sectores que quedan exentos de la desregulación.

De igual manera, la apertura cubrirá el área de compras públicas, en las que pequeñas y medianas empresas locales deberán competir de igual a igual con corporaciones multinacionales europeas para lograr ser proveedores estatales en cualquier nivel, sea nacional, provincial o municipal, restringiendo la posibilidad de fomentar el empleo local como política pública. También esa apertura podrá impedir la implementación de programas como el existente en Brasil de adquisición de alimentos provenientes de la Agricultura Familiar (PAA) para suplir la merienda escolar, la comida de hospitales, cuarteles y otros establecimientos estatales.

Mientras que con el acuerdo pierden los trabajadores y trabajadoras, también se destaca un ganador muy claro en Mercosur: el sector del agronegocio. Este sector se verá beneficiado con la ampliación de cuotas para la exportación de productos agrícolas hacia la UE, especialmente de carne vacuna, porcina y aviar. La ampliación de la frontera agrícola para la exportación daña directamente a la agricultura familiar y campesina, afecta a los territorios y pueblos indígenas e incentiva el desmonte y la tala ilegal de bosques para ampliar la superficie dedicada al pastoreo y los cultivos para la exportación [4].

Esto no ocurre solo en la Amazonia, ya que amplios territorios del Mercosur están habitados por pueblos originarios. El avance del agronegocio vulnera los modos de vida de los pueblos y sus derechos, sobre todo de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, así como los derechos de la misma naturaleza. Este tratado con la UE sólo profundizará el deterioro de la producción de oxígeno, afectará la biodiversidad y agudizará la crisis climática planetaria.

Retórica ambiental para arrasar con todo

En este acuerdo, las alusiones a los temas ambientales son una retórica que ha pretendido maquillar de “verde” los objetivos reales del documento: incrementar el comercio para las grandes empresas exportadoras de bienes, servicios y capitales. Por un lado, las cláusulas que liberalizan el comercio y abren las economías, son “ley dura” exigible y su incumplimiento es sancionable. Pero por otro, el Acuerdo de París sobre el cambio climático al que se hace alusión en el capítulo de desarrollo sostenible es “ley blanda” que consta de promesas voluntaristas, escasamente exigibles y sancionables.

Si realmente hay voluntad de enfrentar el cambio climático, el lugar para exigir que los acuerdos al respecto sean de obligado cumplimiento es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, no un acuerdo comercial que generará más emisiones de gases de efecto invernadero dado el incremento de los flujos comerciales. La intención de negociar una carta de intención o un protocolo adjunto que supuestamente impediría los incendios a la Amazonía es hipócrita, ya que solamente persigue el propósito de acallar la opinión pública de ambas orillas que demanda acciones decididas para frenar la deforestación y las violaciones de derechos humanos. De ningún modo creemos que este acuerdo pueda ser “mejorado” con los protocolos ambientales que actualmente se negocian.

Pesticidas y agrotóxicos

El acuerdo alienta la ampliación del modelo biotecnológico agrario basado en el uso extensivo de pesticidas y agrotóxicos, que se han probado perjudiciales para la salud humana y los ecosistemas [5]. Estos productos afectan directamente a los trabajadores y trabajadoras rurales y a la población del campo, así como a los consumidores en las ciudades, tanto en el Mercosur como en la UE. El caso de Brasil es emblemático, ya que nunca se aprobaron tantos nuevos pesticidas como en los últimos tres años. Estos pesticidas, prohibidos en Europa pero liberados en Brasil, se convertirían en regla para el consumo en América Latina y serían llegarían también a los consumidores europeos a través de su importación.

Los resultados esperados de este acuerdo son tan poco auspiciosos, que en Europa existe hoy un creciente cuestionamiento social y político a su aprobación: desde Austria, que ha rechazado totalmente el acuerdo, a declaraciones reprobatorias de los parlamentos y/o gobiernos de Francia, Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Irlanda, Bulgaria, Rumania, Eslovaquia y Holanda. Recientemente el Parlamento Europeo aprobó una declaración que sostiene que el acuerdo con el Mercosur no podrá ser aprobado “en su estado actual” [6].

En los países del Mercosur, sin embargo, el apoyo al acuerdo parece tácito y muestra la falta de búsqueda de alternativas reales de integración.Hoy como nunca, frente al desafío que representa la pandemia, han quedado a la vista amplios sectores sociales vulnerados que ya antes de la aparición del virus difícilmente lograban sobrevivir y que hoy no podrían subsistir sin una acción firme y proactiva del Estado. Por eso rechazamos la firma de un acuerdo rígido, desequilibrado y asimétrico.