Servicios Públicos en la mira
Un nuevo informe de ISDS Impactos revela los efectos negativos del régimen de protección de inversiones en el sector de servicios públicos de América Latina y el Caribe. El estudio, realizado por las investigadoras Luciana Ghiotto y Bettina Müller, fue publicado por la Internacional de Servicios Públicos (ISP), la Fundación Friedrich Ebert y el Transnational Institute (TNI)
En el informe se exponen los riesgos que el mecanismo de solución de controversias inversor-Estado (ISDS) implica para el sistema de servicios públicos en los países de la región, que es la segunda más demandada ante tribunales de arbitraje a nivel mundial, en base a tratados de protección de inversiones. Asimismo, se observa que un tercio de las demandas recibidas están vinculadas con los servicios públicos. En Argentina y Bolivia más del 60% de sus demandas ISDS están relacionadas con el sector de servicios públicos.
El servicio público más afectado es el de suministro de energía, seguido por telecomunicaciones. El 72% de las demandas ya resueltas en estos casos terminaron en una decisión que benefició a los inversores y los Estados fueron ordenados a desembolsar más de 3.901 millones de dólares.
Si bien la promesa de los TBI es fomentar la inversión extranjera, no existe una relación directa entre más TBI y mayor inversión extranjera, mientras que el peligro para el accionar soberano del Estado es muy alto, afectando las posibilidades de los gobiernos de tomar medidas políticas que pongan en el centro el bien común y garanticen el buen funcionamiento de los servicios públicos.
Este informe se propone brindar elementos para el debate, al mismo tiempo que analiza ejemplos de Estados que ya modificaron o incluso terminaron sus tratados de protección de inversiones, como es el caso de Bolivia, Ecuador, Indonesia y Sudáfrica.