Oportunidades para desmantelar el sistema de demandas inversionista-Estado

A la vez de remover la estatua de Colón del Paseo de la Reforma como símbolo de dejar de exaltar visiones colonialistas, es menester para la 4T eliminar derechos corporativos entregados en el T-MEC.

Por Manuel Pérez Rocha para La Jornada

Los resultados ya se ven: la semana pasada llegó otra «notificación de demanda» supranacional contra México de la texana Talos Energy, por habérsele entregado a Pemex el control del gran pozo petrolero Zama, en el Golfo de México. Talos Energy había ganado la licitación del pozo en 2015 y argumenta que ha invertido casi 350 millones de dólares, pero su demanda podría ser mucho mayor y pedir indemnización por «expropiación indirecta», o sea por las ganancias esperadas no obtenidas.

Esta demanda se suma a las de las mineras Legacy Vulcan, por 500 millones de dólares (mdd), Oddyssey (3 mil 540 mdd), First Majestic Silver (500 mdd), del consorcio petrolero Finley Resources de otros sectores.

En julio pasado un grupo bipartidista de 42 congresistas de EU, liderado por el demócrata Vicente González, envió una carta al presidente Biden demandándole actuar ante lo que ellos consideran «severos límites» impuestos por AMLO para el acceso de las empresas de EU a los mercados de energía e hidrocarburos en México, y acusando que la nueva legislación, al favorecer a Pemex y CFE, «viola el espíritu del T-MEC». Ante esta embestida contra nuestros intereses nacionales hay que preguntar: ¿por qué si en el T-MEC Estados Unidos y Canadá eliminaron el mecanismo supranacional de solución de controversias inversionista-Estado, se dejó entre México y Estados Unidos, y específicamente para el sector energético (Anexo 14-D del capítulo de ­inversiones)?

Este embate de las empresas extractivas va, además, contra todo esfuerzo por combatir el cambio climático. En sentido contrario, el 2 de septiembre, la Corte Europea de Justicia determinó que, por incompatibilidad legal, las empresas de energía de la Unión Europea (UE) no podrán demandar a gobiernos de esa comunidad usando el Tratado de la Carta de Energía (TCE), poniendo en jaque decenas de demandas pendientes por miles de millones de euros.

El TCE es un oscuro tratado de los años 90, hasta ahora firmado por 53 países desde Europa hasta Japón, pasando por Asia Central y, como con otros tratados de libre comercio y de inversiones, empresas extranjeras pueden demandar a gobiernos signatarios por medidas adoptadas en el sector energético que consideren que afectan sus ganancias. Bajo el TCE los gobiernos ya han sido condenados a pagar por «daños» por 52 mil millones de dólares. Según un estudio del Transnational Institute y el Corporate Europe Observatory, «mientras la última década ha sido testigo de una gran oleada de oposición a los mecanismos de resolución de controversias entre inversores-Estado (ISDS por sus siglas en inglés), el TCE ha logrado pasar desapercibido y mantenerse sorprendentemente al margen de la marea de indignación pública. Ahora, muchos países de África, Asia, Medio Oriente y América Latina van camino de firmar el TCE y suscribir los peligrosos privilegios que reserva a los inversores». En América Latina, Colombia, Guatemala y Panamá están en proceso de adhesión.

Aunque México, hasta donde se conoce, no esté buscando su adhesión al TCE, es parte de un entramado de tratados de protección de inversiones (en TLC y TBI) que lo hacen sujeto a demandas multimillonarias como las citadas. Entre éstos está el T-MEC, en el que el equipo de Peña Nieto dejó el país a AMLO, truculentamente, a merced de demandas por empresas de energía; está también el Tratado Transpacífico, con el cual empresas mineras canadienses pueden seguir demandado a México, y el Tratado de Libre Comercio entre la UE y México (TLCUEM), con el cual la UE presiona para incluir un capítulo de inversiones con mecanismo de solución de controversias inversionista-Estado (ISDS).

Con la eliminación del ISDS entre países ricos (Canadá y Estados Unidos, y dentro de la UE), pero con su permanencia y reproducción entre países ricos y dependientes, queda claro el propósito neocolonial y de despojo de los recursos naturales y arcas públicas de los países del llamado sur global de este sistema.

EU y México reanudaron el 9 de septiembre el mecanismo del Diálogo de Alto Nivel Económico (DEAN). Es urgente para México negociar que se elimine del T-MEC el anexo 14-D de inversiones. Con la UE sería de un vasallaje incomprensible aceptar en la actual «modernización» del TLCUEM un capítulo de inversiones con el cual empresas extractivas europeas, devastadoras del ambiente y violadoras de derechos humanos, puedan seguir demandando a México.

No se puede terminar el neoliberalismo si se perpetúa el neocolonial sistema de protección a las «inversiones», así entre comillas por que se le usa como un casino para extraer miles de millones las más de las veces por inversiones ni siquiera realizadas. Como recomienda el grupo de trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas trasnacionales de la ONU, se debe: «Remplazar la solución de controversias entre inversionistas y estados por un mecanismo de resolución de disputas que sea justo, transparente, independiente, predecible y accesible a todas las partes en pie de igualdad y que opere de manera consistente». ¿Cual es el papel que le toca desempeñar a México en avanzar en este sentido?

*Investigador del Institute for Policy Studies de Washington DC y asociado del Transnational Institute .

Twitter: @ManuelPerezIPS

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