Cumbre de OMC en Camerún: balance realizado por REBRIP

Del 23 al 31 de marzo, la Red Brasileña por la Integración de los Pueblos participó en la 14.ª Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), celebrada en Camerún.

Por Adhemar Mineiro e Priscilla Papagiannis para REBRIP

Antes de la reunión, ya se respiraba un clima de tensión entre los países, con la India y Estados Unidos con opiniones contradictorias y diametralmente opuestas, lo que hacía presagiar que las negociaciones serían difíciles. La aprobación del orden del día, en la mañana del 27 de marzo, fue rápida y sin desacuerdos.

Los temas de la agenda que se debatieron fueron: la propuesta de reforma de la Organización; la renovación o no de dos moratorias, una sobre el comercio digital —que prohíbe la tributación de descargas y servicios de streaming— y otra sobre la propiedad intelectual —que trata de la concesión de licencias obligatorias o la anulación de patentes de medicamentos, pero también del desarrollo de industrias locales en los países en desarrollo—; la agricultura; la pesca; el Acuerdo Plurilateral de Facilitación de la Inversión para el Desarrollo (IFD, por sus siglas en inglés); level playing field, que trata de las condiciones de competencia equitativa, incluyendo cuestiones como las subvenciones, por ejemplo; y actualizaciones sobre el mecanismo de resolución de diferencias.

En medio de un clima de gran tensión geopolítica, la reunión terminó en un punto muerto. En cuanto a la prórroga de la moratoria sobre el comercio digital, lo que nadie esperaba era que fuera Brasil quien se opusiera prácticamente en solitario (secundado al final por Bangladesh y Turquía) a la propuesta de EE. UU. La propuesta preveía una prórroga de 5 años, pero el Gobierno brasileño la rechazó y sugirió una prórroga de 2 años, que, a su vez, no fue aceptada. Como resultado, Estados Unidos bloqueó cualquier documento acordado por los miembros sobre otros temas de la agenda, incluida la reforma. Así, al concluir la Conferencia, los temas de la agenda —que eran poco ambiciosos— se remitieron para su debate en Ginebra en sesiones de trabajo. Las dos moratorias, la del comercio electrónico y la de los ADPIC, expiraron —por primera vez en 28 años desde que se adoptaron.

Desde el principio, Brasil presionó para que el tema de la agricultura figurara en la agenda de reforma de la OMC. No se trataba de nada que implicara directamente el contenido, sino especialmente de que el tema estuviera entre los puntos de debate, lo que al final no fue posible. Al final, el documento propuesto por el país, junto con Australia, Canadá, Colombia, Costa Rica, Islandia, Liechtenstein, Nueva Zelanda, Perú, Suiza, Ucrania y Uruguay, abordaba la necesidad de volver a debatir la agricultura en un contexto de retos medioambientales y de seguridad alimentaria, sabiendo que los Miembros ya están adoptando medidas para responder a esos retos. En términos generales, el documento parece tener como objetivo, aunque sea de forma breve, la necesidad de garantizar un comercio agrícola basado en normas, inclusivo, no discriminatorio y transparente ante los nuevos retos como el cambio climático; interpretamos esto como una forma de abordar, de manera indirecta, las medidas comerciales unilaterales en el comercio agrícola, como la Ley contra la Deforestación de la Unión Europea (EUDR).

Una prórroga permanente de la moratoria digital podría tener graves consecuencias para las políticas públicas de los países menos desarrollados o en desarrollo. En un contexto en el que la industria digital, principalmente la Inteligencia Artificial, crece rápidamente, permitir una prórroga permanente supondría renunciar a la posibilidad de desarrollar las industrias locales y a la garantía de la localización de los datos dentro de las fronteras. También tendría consecuencias fiscales, ya que los países renunciarían a la recaudación de impuestos. Además, la defensa de EE. UU. de esta agenda muestra de manera evidente la relación del país con la defensa de los intereses del monopolio de las Big Techs. Este movimiento demuestra una vez más el papel de la OMC en la salvaguarda de los intereses de las grandes corporaciones, no solo en el ámbito digital, sino también en la agricultura y la propiedad intelectual, entre otros.

Por otro lado, el fin de la moratoria sobre los ADPIC permite a los países de las empresas titulares de las patentes emprender acciones legales contra los países que han utilizado licencias obligatorias o han infringido patentes, lo que abre la puerta a una guerra con consecuencias muy complejas y que puede ejercer presión sobre esos países.

Con la atención puesta en la renovación de la moratoria, la reforma quedó eclipsada, con un debate centrado en un documento final sin sustancia sobre cómo y qué debería cambiarse. Aunque quedó en un segundo plano, la propuesta de reforma de la OMC plantea cuestiones importantes que deben examinarse con mucho cuidado, especialmente en lo que respecta a cómo afectarán al funcionamiento del sistema y a la posibilidad de un rápido deterioro del sistema multilateral. Los principales puntos de la disputa sobre la reforma fueron los siguientes:

1. Un claro cuestionamiento del sistema de votación por consenso total, con la sugerencia de un régimen plurilateral en oposición al régimen multilateral, acordado en la creación de la Organización. En términos sencillos, crea acuerdos con grupos de países mientras excluye a otros.
2. También hay una propuesta para atacar el principio de la nación más favorecida. Este principio exige un trato igualitario entre socios comerciales y es un principio fundamental del actual sistema de comercio internacional —ya cuestionado en numerosas ocasiones por la sociedad civil—. Si un país reduce los aranceles o concede ventajas a una nación, debe extender inmediatamente los mismos beneficios a todos los miembros. Las propuestas presentadas cuestionan el papel de este principio en el contexto actual.
3. Existe una crítica a la idea del trato especial y diferenciado (S&DT, por sus siglas en inglés). En la OMC, los países en desarrollo y menos desarrollados gozan de condiciones más favorables, plazos ampliados y flexibilidad en las normas comerciales. La propuesta de la UE y de Estados Unidos, más que criticar este principio directamente, cuestiona la propia noción de lo que se considera o no un país en desarrollo. La idea es que se mantengan las mismas normas para economías radicalmente diferentes.

Las propuestas presentadas por Estados Unidos y la Unión Europea en el marco de la OMC reflejan un intento de reconfigurar normas que, en la práctica, han permitido a China combinar las ventajas de los países en desarrollo con el peso de una potencia económica mundial.

China, un actor importante que ha permanecido casi oculto en las discusiones, se presentó en la reunión con un perfil bastante bajo en los debates, como si casi cualquier resolución que se aprobara no fuera a afectarle al fin y al cabo. Puede que fuera así, o puede que no se requiriera una intervención más activa de China, ya que los representantes del país evitaron en cierta medida el desgaste natural de posicionarse, especialmente cuando muchos de los países presentes esperaban en cierto modo una manifestación china para confrontarla.

Así, desde el punto de vista de la sociedad civil presente en Yaundé, consideramos que la propuesta de «reforma» tendría como objetivo legitimar una organización basada en el poder y no en las normas, en la que solo unos pocos actores poderosos modificarían y dominarían el proceso de toma de decisiones, alterando el frágil equilibrio de poder dentro de la OMC —que históricamente ha sido de un país, un voto— y el sistema de decisiones consensuadas heredado del GATT—, lo que facilitaría acuerdos plurilaterales entre grupos de países y permitiría exacerbar políticas y tácticas coercitivas.

Además, aunque China sea el principal objetivo, no es el único. Los países más pobres serán los que más sufrirán con la instrumentalización de la OMC para satisfacer aún más los intereses de EE. UU., la UE y las grandes corporaciones —sobre todo teniendo en cuenta que los derechos que garantizan mínimamente las condiciones de equidad dentro de la organización están bajo ataque. Para acceder al documento de posición de la sociedad civil sobre la reforma, haga clic aquí.

Aunque el clima no fue, en absoluto, el tema central de los debates en la 14.ª Conferencia Ministerial, las propuestas de reforma de la OMC socavan los principios fundamentales de los países en desarrollo y menos adelantados en el marco del sistema multilateral. Cuestionar principios como el estatus de desarrollo o el S&DT podría tener graves repercusiones para estos países en diversos foros multilaterales, como la CMNUCC. Desde hace algunos años, también hemos visto cómo el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, que de manera similar propone un trato especial para los países en desarrollo, ha sido objeto de ataques en la COP.

En cuanto a la actuación de la sociedad civil, se impusieron diversas restricciones a las actividades habituales, como sostener pancartas y carteles o entonar frases de efecto (mic check), entre otras, impuestas por el Gobierno de Camerún y por la Secretaría de la OMC. La elección de un país con un presidente en su octavo mandato pone de manifiesto una elección política de un lugar con un gobierno autoritario y una democracia erosionada. Esto en un contexto en el que la OMC ha elegido sucesivamente países autoritarios y represivos para acoger las Conferencias Ministeriales, lo que facilita la restricción de la actuación de la sociedad civil. La noche anterior a la Conferencia se había emitido un aval autorizando las acciones, pero en la mañana del primer día del evento recibimos una negativa, lo que limitó nuestra actuación. A pesar de ello, la sociedad civil, reunida como parte de la red Our World is not for Sale, logró encontrar formas de expresar su posición y mantener su incidencia política. Para acceder al documento de posición de la sociedad civil sobre los resultados de la Conferencia, haga clic aquí. Cabe señalar que un grupo de países (Noruega, Suiza, Nueva Zelanda, Países Bajos, a los que se unió Brasil) defendió ante la Secretaría de la OMC el derecho de manifestación de la sociedad civil en el recinto de la Ministerial de la OMC, el Palais des Congrès, el centro de convenciones donde tuvo lugar el encuentro.

Así, la 14.ª Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio no solo se caracterizó por un impasse puntual, sino que reveló un momento crítico de disputa política sobre el rumbo del sistema multilateral de comercio. Lo que está en juego no es solo la renovación o no de las moratorias o los avances técnicos en la reforma, sino un intento más amplio de reconfigurar las reglas del juego a favor de unos pocos actores con mayor poder económico y político. Además, también demuestra que los propios ideólogos del orden multilateral existente en la actualidad son también los proponentes de un cambio radical en su funcionamiento.

Las propuestas presentadas por Estados Unidos y la Unión Europea apuntan a un debilitamiento de los principios que históricamente han garantizado cierto nivel de equilibrio dentro de la OMC. Al abrir espacio para acuerdos plurilaterales y cuestionar quién puede o no ser considerado país en desarrollo, estas iniciativas tienden a institucionalizar aún más las desigualdades, limitando el margen de maniobra política de los países del Sur Global. En este contexto, la posición brasileña en el debate sobre la moratoria digital llama la atención por poner directamente en tensión los intereses de las grandes potencias y de las Big Tech.

Además, el vaciamiento del debate sobre la agricultura y la marginación de temas centrales para los países en desarrollo refuerzan la idea de que las prioridades siguen definiéndose de forma desigual. La propia gestión de la Conferencia —incluidas las restricciones a la actuación de la sociedad civil— pone de manifiesto un entorno cada vez menos transparente y participativo.

De este modo, lo que se observa es un proceso de erosión gradual del multilateralismo como espacio de negociación basado en normas, con la OMC acercándose a una lógica más fragmentada y orientada por intereses específicos. Para los países en desarrollo, esto significa no solo menos margen de maniobra, sino también mayores riesgos de ver reducidos sus instrumentos de política pública y sus derechos conquistados históricamente.

En este contexto, reiteramos la necesidad de que la sociedad civil mantenga la vigilancia y el espíritu proactivo con respecto a las decisiones de la OMC, que tienen un impacto significativo en el funcionamiento del sistema multilateral de comercio y en los diferentes foros multilaterales, pero también en la vida de las mujeres, las personas racializadas, los agricultores, las comunidades tradicionales, los pueblos indígenas y el medio ambiente.