Ecuador: llamado urgente al cese de la represión

Organizaciones sociales, políticas y sindicales y movimientos de todo el mundo reclaman el cese de la represión, la militarización y el uso excesivo de la fuerza ante la protesta social.

16 de octubre de 2025

Las organizaciones firmantes expresamos nuestra profunda preocupación por la escalada de violencia y represión del Estado ecuatoriano a las protestas sociales iniciadas el 21 de septiembre de 2025 por el movimiento indígena de Ecuador y por la persecución e intento de criminalización de organizaciones sociales y personas defensoras de derechos humanos. En las últimas semanas, la militarización y persecución contra quienes ejercen legítimamente su derecho a la movilización, a la libertad de expresión y a la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza han alcanzado niveles preocupantes de violaciones de derechos humanos.

En los últimos días, fotos y videos de convoyes militares y policiales para el control del orden público, con el uso de armas de fuego y gases lacrimógenos en zonas habitadas han inundado los medios de comunicación y redes sociales, evidencias de una respuesta desproporcionada y violenta por parte del gobierno de Daniel Noboa a las movilizaciones sociales que ocurren en distintas partes del país. Los datos documentados por organizaciones de la sociedad civil ecuatoriana hasta el momento son alarmantes: más de 282 personas heridas, 172 personas detenidas, 15 desaparecidas temporalmente y al menos tres personas fallecidas, el líder indígena kichwa de 46 años, Efraín Fuerez, Jose Alberto Guamán Izam de 30 años, de la comunidad de Cachibiro, agricultor y padre de 2 hijos, y Rosa Elena Paqui, mujer indígena saraguro de 61 años, causada por un paro cardiorrespiratorio debido a la inhalación de gases lacrimógenos. La represión ha alcanzado también a la prensa, con periodistas agredidos, retenidos y deportados, algunos con sus dispositivos de trabajo destruidos. Las operaciones militares siguen en varias provincias del país, razón por la cual los números de víctimas no paran de aumentar. También se han registrado allanamientos sin orden judicial, cortes de internet y telefonía en las provincias movilizadas y deportaciones sumarias.

A este grave escenario de violencia en las calles, se suman preocupantes noticias de criminalización a organizaciones sociales y personas defensoras de derechos humanos y de la naturaleza. Hay denuncias públicas de persecución judicial bajo supuestos cargos de enriquecimiento ilícito, paralización de servicios públicos, terrorismo, sabotaje y bloqueo de cuentas bancarias de organizaciones indígenas y de derechos humanos.

Las declaraciones públicas de autoridades del gobierno nacional como ministros y el propio presidente Daniel Noboa, además de estigmatizar de manera racista a los pueblos indígenas acusando a centenas de personas manifestantes de estar involucradas con grupos armados o cometer hechos terroristas, ignoran los distintos llamados de la comunidad internacional de que el gobierno implemente medidas de diálogo e intermediación a fin de poner fin a las conflictividades sociales considerando a las demandas de la población y de forma respetuosa a los derechos humanos,  cumpliendo con principios de la convivencia democrática propios de un Estado de derecho.

El 8 de octubre de 2025, siete mandatos de las Naciones Unidas —entre ellos los de Defensores de Derechos Humanos, Medio Ambiente, Pueblos Indígenas, Sustancias Tóxicas, Independencia Judicial, Libertad de Asociación y Empresas y Derechos Humanos— remitieron una comunicación oficial al Estado ecuatoriano (Ref. OL ECU 7/2025) expresando su alarma por la represión, la militarización del espacio público y las reformas institucionales que debilitan la protección ambiental y los derechos de los pueblos. A pesar de estos pronunciamientos y de las llamadas al diálogo formuladas por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Gobierno ecuatoriano no ha mostrado voluntad de abrir espacios de negociación, ni de garantizar el fin de la violencia. Por el contrario, ha profundizado la militarización y la criminalización de la protesta, afectando gravemente los derechos a la integridad física y a la vida, a la libertad de reunión pacífica y de asociación, a la libertad de expresión y al acceso a la justicia.

El 14 de octubre de 2025, miembros del Parlamento Europeo publicaron una carta expresando su preocupación por la represión, el debilitamiento de la justicia y la criminalización de defensores de derechos humanos y periodistas. Los eurodiputados instan a la Unión Europea a emitir una declaración pública, a enviar una misión de observación y a revisar temporalmente el Acuerdo Comercial UE–Ecuador, conforme a las cláusulas de derechos humanos y democracia.

Estos llamados internacionales evidencian una preocupación global por las acciones autoritarias y violentas del Estado ecuatoriano. Sin embargo, el Gobierno continúa cerrando los canales institucionales de diálogo y responde con fuerza militar y discursos de odio a las legítimas demandas sociales. La falta de cooperación con los mecanismos internacionales, el uso político de la justicia para criminalizar organizaciones y personas defensoras de derechos humanos y la represión sistemática a las comunidades indígenas y a la sociedad civil revelan un deterioro profundo del Estado constitucional de derechos y justicia.

Las organizaciones firmantes hacemos los siguientes urgentes llamados:

• Al  Estado ecuatoriano a cesar de inmediato el uso desproporcionado, indiscriminado y arbitrario de la fuerza, garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos y abrir espacios de diálogo genuino con las organizaciones indígenas, sociales y civiles movilizadas.
• A la Fiscalía General del Estado Ecuatoriano, que retire los cargos contra las organizaciones sociales y los defensores de los derechos humanos y garantice que puedan continuar con el ejercicio legítimo de supervisar y denunciar las violaciones que se producen en el contexto de las protestas. 
• A los órganos e instituciones de derechos humanos, especialmente la Defensoría del Pueblo, que cumplan su mandato de supervisar, velar y exigir el estricto cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos del Estado Ecuatoriano, con particular atención a los contextos de protestas en el país.
• A los sistemas internacionales y regionales de derechos humanos, a los Estados y a las instituciones europeas y multilaterales a mantener una observación activa, sostenida y coordinada sobre la situación en Ecuador, y a tomar las medidas necesarias para prevenir una mayor escalada de violencia y asegurar la rendición de cuentas de las autoridades responsables.

Defender la vida, la tierra, los derechos humanos y la libertad de expresión no puede ser criminalizado. La paz no se impone por la fuerza: se construye con verdad, justicia y diálogo.

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