Lorena Di Giano: «Hay que parar los monopolios de medicamentos y vacunas»

La pandemia del COVID-19 impuso una carrera contra reloj en la búsqueda de medicamentos para combatirlo y de una vacuna para prevenirlo. Pero lejos del desarrollo de nuevas tecnologías médicas, varias corporaciones farmacéuticas se dedicaron a patentar medicamentos existentes desde hace años para garantizarse el monopolio de su comercialización y hacer de la necesidad un negocio. Lorena Di Giano, Coordinadora de RedLAM, analiza el tema y explica porqué el sistema mundial de patentes atenta contra el derecho a la salud.

Por Pablo Castro para Plataforma América Latina Sin TLC

Lorena Di Giano es abogada especializada en derechos humanos, acceso a medicamentos y propiedad intelectual. Es Directora Ejecutiva de la Fundación Grupo Efecto Positivo en Argentina y, a nivel internacional Coordinadora General de la Red Latinoamericana para el Acceso a Medicamentos (RedLAM) (que integra la Plataforma América Latina Mejor Sin TLC). También es miembro del Grupo Asesor de Expertos del Panel de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre Acceso a Medicamentos e Innovación. En esta entrevista explica los problemas que el sistema mundial de patentes está generando ante la lucha para enfrentar el COVID-19.

¿Cómo afecta el negocio de las patentes farmacéuticas la lucha contra el COVID-19?

La pandemia de COVID-19 llega en un contexto donde el sistema de patentes se rige por las normas del ADPIC (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio). Este acuerdo fue adoptado por los Estados en los ’90, en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC). El ADPIC es probablemente la mayor captura corporativa que ha existido en el ámbito de la salud en la historia. Porque las patentes farmacéuticas son instrumentos para que las empresas se apropien de los recursos destinados a la salud de la población a partir la conformación de monopolios legales.

Este problema se reactualiza con la actual pandemia, por ejemplo, con las prácticas de ever greening o de solicitud patentes a perpetuidad. Esto sucede cuando las empresas piden patentes sobre productos ya patentados o que están en dominio público, haciéndole un pequeño cambio. Un ejemplo de esto es lo que ocurre con las combinaciones de drogas. En el tratamiento del VIH SIDA era común usar lo que se llama un «cóctel de drogas», que podía involucrar la toma de 15 pastillas por día. Con el avance de la ciencia se lograron fusionar varias drogas en una y sobre ello se volvía a solicitar una patente. Pero se trata de los mismos medicamentos que estuvieron patentados separadamente por años.

¿Esto está sucediendo con medicamentos para el tratamiento del COVID-19?

Con la llegada del COVID-19 se planteó el uso de la Cloroquina o Hidroxicloroquina como un tratamiento posible para los pacientes infectados por el virus. Esto llegó a ser recomendado por Donald Trump. Y sucede que esa droga está desde hace 70 años en el mercado. Pero la empresa Novartis tomó esta droga, la empezó a probar para el tratamiento del Covid y en EE.UU. se le permitió solicitar una patente para el nuevo uso. Sin embargo, se trataba de una droga que ya estaba en el dominio público y ahora quien quiera producirla en ese país deberá litigar con Novartis. Así funciona en EE.UU.

En Argentina tenemos el caso de una combinación de drogas recomendadas para el tratamiento del COVID-19 en las guías que elaboró el Ministerio de Salud de la Nación (MSAL), que se usaba para el tratamiento del VIH SIDA, que son el Lopinavir y el Ritonavir. Su uso combinado estaba patentado desde hace muchos años y en 2018 expiró la patente del compuesto base. La empresa que lo producía pidió extender su monopolio por 8 años más, a partir de una nueva presentación que cambiaba la cápsula que requería cadena de frío por una tableta estable al calor.

Desde Fundación GEP nos opusimos y presentamos ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) de Argentina argumentos y evidencia para demostrar no era una nueva droga sino una ya patentada. Gracias a esa oposición el INPI rechazó la extensión de patente. Hoy podemos estar usando la combinación Lopinavir-Ritonavir, que fue la primera que salió en la guía del MSAL para tratar los casos de COVID-19, porque está en dominio público.

¿La situación es diferente en cada país?

Con la creación de la OMC en 1994 los Estados miembros se comprometieron a adoptar el ADPIC. Desde entonces las multinacionales farmacéuticas con base en EEUU, la Unión Europea y Japón comenzaron a presentar solicitudes de patentes en los diferentes países. Porque las empresas van país por país, dado que las patentes son territoriales en cada país.

En Argentina, en 2012 se adoptó una política que se llama de guías de patentabilidad sobre el producto farmacéutico. Se trata de un manual de procedimiento para el examinador de las solicitudes donde se establecieron criterios estrictos de patentabilidad. Por ejemplo, que no se trate de productos ya patentados o que estén en dominio público. Es un sistema excepcional en el mundo, porque hay pocos países que tienen este tipo de política y es algo que está permitido por el ADPIC. Gracias a este procedimiento pudimos rechazar la extensión de patente para la combinación Lopinavir-Ritonavir.

En Israel, donde se había otorgado una extensión de patente «ever greening» para la combinación Lopinavir-Ritonavir, el Estado tuvo que hacer uso de otra salvaguarda que es la licencia obligatoria.  Este recurso le permitió comprar el fármaco sin pagar precios abusivos a la compañía farmacéutica.

En EE.UU., donde existe gran facilidad para el otorgamiento de patentes, no hay requisitos de pre otorgamiento y para discutir la validez de una patente hay que litigar en la justicia con la compañía que la ostenta. Esto le permitió a Novartis solicitar el nuevo patentamiento sobre la Cloroquina.

En el caso de Brasil para solicitar una patente se requiere el consentimiento de ANVISA (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria). Pero en los últimos años este mecanismo se debilitó y desarticuló. Hoy no se está dando intervención a la ANVISA. En general, en la mayoría de los países no existen mecanismos que limiten el otorgamiento de patentes.

¿Existe una estrategia  global de las corporaciones farmacéuticas para aprovechar la crisis del COVID-19?

Nosotros vemos que frente a la pandemia las compañías están tratando de extender sus monopolios sobre medicamentos que ya se veían utilizando. Contra el COVID-19 se empezaron a probar medicamentos que se usaban para otros coronavirus, como el Ébola, o medicación antiviral que se usaba para la Hepatitis C o el VIH. Se trata de tecnologías médicas que ya están insertas en este sistema y respecto de las cuales las compañías ya pidieron patentes.

Desde Fundación GEP venimos haciendo un seguimiento del comportamiento de las empresas. Y nos encontramos con otra droga que es el Remdesivir, que todavía no demostró ser realmente efectiva, pero que ya tiene un gran marketing importante. Hasta el asesor de salud de la Casa Blanca se refirió al Remdesivir como una droga provisoria y la FDA (Food and Drug Administration)autorizó su uso para tratamiento compasivo, aunque aun no para su comercialización.

Esa droga la empezamos a estudiar y vimos que en 70 países ya tiene patentes. Acá en Argentina también. Si fuera efectivo, Argentina no tendría otra opción que comprar a Gilead, que es el laboratorio que tiene la patente o hacer uso de las licencias obligatorias.

¿Cómo operan los Tratados de Libre Comercio en sector farmacéutico?

Los TLCs incorporan lo que nosotros llamamos cláusulas ADPIC Plus, a través de las cuales  restringen el uso de salvaguardas como licencias obligatorias, pre-otorgamientos o las importaciones paralelas. También extienden los plazos de las patentes por más de 20 años o generan derechos exclusivos distintos a las patentes, como la exclusividad de datos de prueba.

En las negociaciones del Acuerdo Mercosur UE, por ejemplo, había tres restricciones al uso de salvaguardas. A las importaciones paralelas, una extensión de los plazos de patentes por obtención tardía del registro sanitario y la exclusividad de datos de prueba, que implica que solo esa empresa puede hacer uso de los ensayos clínicos. Esto complica el registro sanitario de un genérico, que usa los ensayos que ya se hicieron para el original. Estos son derechos que permiten dejar un producto bajo exclusividad o monopolio. El ejemplo más grave que conocemos en el mundo es el de Guatemala, que otorgó 15 años de exclusividad de datos de prueba para adaptar sus normas de propiedad intelectual a los Tratados de Libre Comercio suscriptos por el país

Cuando en 2016 se filtró el texto de las negociaciones del Acuerdo Mercosur UE, que eran secretas, hicimos un estudio sobre el impacto de las normas de propiedad intelectual a 10, 15 y 20 años. Ahí vimos que aumentaría exponencialmente el gasto público en medicamentos, con más monopolio, más dificultades para los gobiernos para poder comprar. Nosotros le mandamos el informe de impacto a los negociadores y esas medidas finalmente se sacaron, porque pudimos generar la evidencia de lo que iba a pasar. Fue un logro que marca la importancia de que la sociedad civil, que siempre es excluida de las negociaciones, tenga participación.

En caso de que se llegue a una vacuna contra el Covid-19 ¿qué debería cambiar para que esté al alcance de todos?

Desde la firma del acuerdo ADPIC los Estados aceptaron un acuerdo social en el cual el mercado es el que va a desarrollar las tecnologías, esto es así de hecho. Y se armaron los monopolios legales para que el sector privado invirtiera en el desarrollo de tecnologías médicas. Entonces el Estado se retiró. Y aunque la ciencia básica se dice que sale de las universidades, luego la tecnología se termina vendiendo a las empresas, que son las que hacen los ensayos y estudios para que el medicamento esté en condiciones de entrar al mercado. Si bien hay algo de inversión pública en el desarrollo de vacunas, hay mucha mas inversión e interés en el sector privado.

En estos días el gigante farmacéutico Sanofi anunció que estaba desarrollando una vacuna y anunció que daría prioridad a EE.UU. Desde Unión Europea protestaron para que no se limite a un territorio y la empresa solicitó inversiones. Entonces vemos que hay todo un movimiento de negocio detrás del desarrollo de la vacuna.

Por otro lado, hay algunos movimientos nivel global, con el impulso de activistas y de algunos gobiernos que están planteando que la OMS forme un pull de tecnologías, know how, patentes, marcas, etc., sobre tecnologías de COVID y que sea la OMS quien lo administre. Pero no deja de ser un sistema voluntario, que no tiene ningún poder de obligar a la empresas, que se comportan de manera monopólica, a que les ceda la tecnología.

Lo que necesitamos es algo más drástico, la pandemia nos está dando la posibilidad de que todo esto quede expuesto sobre la mesa. Hay que parar con los monopolios sobre medicamentos, vacunas e insumos y todo lo que sirva para la salud. Si no, cuando llegue la vacuna ¿cómo vamos a cubrir a todo el mundo? Si no invierten las empresas deben invertir los Estados. Tendríamos que recurrir a medidas como un tratado vinculante, como sucedió con el tabaco. Un tratado de ese tipo podría crear un fondo internacional para el desarrollo de tecnologías médicas desde la inversión pública y con un rol activo de los Estados, no solo para comprar tecnologías caras que hace el mercado

La corporaciones farmacéuticas trabajan como pulpos con diferentes estrategias, es lamentable que los países hayan hecho un contrato social delegando a las corporaciones el desarrollo de las tecnologías. Porque en este modelo de mercado los laboratorios no son grupos de científicos tratando de resolver una cuestión de salud. Detrás de gigantes farmacéuticos como Gilead está Paul Singer. Y esos grandes empresarios ponen dinero porque quieren tener grandes ganancias.

Como venimos diciendo, 25 años de Tratados de Libre Comercio son demasiado, y eso vale también para el ADPIC. La salud no es mercancía, no es un commodity, debería estar fuera del ámbito comercial.

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