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Colombia: las demandas de inversores superan la deuda pública

En 2018 fue el país más demandado ante tribunales de arbitraje internacional por parte de inversores extranjeros. Las 13 demandas que el país tiene pendientes de solución superan el monto de su deuda pública a 2021.

De acuerdo a un informe del Transnational Institute (TNI) y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, hasta fines de septiembre de 2022 se habían resuelto 7 de las 20 demandas contra Colombia, mientras que 13 se encontraban pendientes. De las demandas resueltas, 5 no fueron favorables al inversor. En la demanda iniciada por Glencore en 2016, el Tribunal resolvió a favor del inversor y ordenó a Colombia a pagar 19 millones de dólares. Hay otra demanda, la de EcoOro vs. Colombia, en la cual el tribunal ya le dio la razón al inversor, pero aún no definió el monto del laudo.

El caso de EcoOro pone de manifiesto uno de los principales problemas del arbitraje de inversiones que tiene que ver con el trato privilegiado que reciben los inversores extranjeros en los tribunales de arbitraje. Pues la justicia nacional colombiana ya había decidido que no se podía realizar ningúna explotación minera en el páramo de Santurbán debido a las graves consecuencias ambientales y de acceso al agua potable para la población que podía generar dicha actividad. Esta decisión fue ignorada por los tribunales de arbitraje. Mientras, están en curso otras dos demandas adicionales de las compañías canadienses Galway Gold por 196 millones de dólares y de Red Eagle por 117 millones de dólares por las mismas medidas adoptadas en favor de la protección del páramo. Es así como los tratados con protección de inversiones generan un sistema de justicia paralela que permite a los inversores saltarse los tribunales nacionales y acudir directamente al sistema privado de arbitraje internacional.

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Vale recordar que, en cada una de las demandas, el Estado tiene que pagar los costos del tribunal y de su bufete de abogados, además de los costos del inversor en caso de perder una demanda. De hecho, en la demanda perdida contra Glencore, Colombia fue ordenada a reembolsarle más de 2.2 millones de dólares de sus costos, llevando el total del laudo entonces a 21.3 millones de dólares. Con este dinero, se podrían haber financiado las actividades de la Superintendencia de la Economía Solidaria de Colombia durante casi un año y medio, ya que su presupuesto en 2021 fue de poco más de 15.2 millones de dólares. Es interesante saber que Glencore ya registró tres demandas ISDS contra Colombia. Las otras dos aún siguen pendientes.

Aún hay 13 demandas pendientes en las cuales los inversores piden más de 19.315 millones de dólares en compensación, monto superior al total del servicio de la deuda pública nacional en 2021. Vale mencionar que en 3 de las 13 demandas pendientes no se conoce el monto exigido por el inversor. Entonces la suma en realidad es aún mayor. La gran parte de estos 19.315 millones de dólares se debe a la demanda de la empresa estadounidense Cosigo Resources que reclama 16.500 millones de dólares por la cancelación de un permiso de exploración y explotación de una mina de oro en el sur de Colombia que luego fue declarada reserva natural.

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