En otra entrega de la serie “Debates Urgentes” la Plataforma publica dos nuevas investigaciones. La primera analiza cómo los TLC y las corporaciones amenazan la actividad de los agricultores y la soberanía alimentaria en Chile. Por su parte, el segundo trabajo se enfoca en cómo la transición energética, conducida por las corporaciones, profundiza el extractivismo y se alinea con los intereses del Norte Global.
En “Soberanía alimentaria, semillas, y tratados de libre comercio”, Lucía Sepúlveda, de Chile Mejor Sin TLC, examina cómo los TLC y las corporaciones transnacionales amenazan la autonomía de los agricultores y la biodiversidad. Se detalla de qué manera estos instrumentos, incluido el acuerdo Chile-Unión Europea, promueven el agronegocio, con graves consecuencias ambientales como la sequía y la expansión de los monocultivos, que impactan negativamente en la calidad de vida de las comunidades rurales. La privatización de semillas a través del Convenio UPOV y la biopiratería son identificadas como problemas centrales, mientras que la agroecología y la recuperación de semillas tradicionales por parte de las comunidades se presentan como respuestas vitales en lucha por la soberanía alimentaria. Finalmente, el texto aborda los peligros del uso masivo de plaguicidas y la lucha por la defensa de la semilla campesina e indígena.
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En «Transición energética corporativa: la profundización del extractivismo en Chile», Lucio Cuenca, de OLCA Chile, presenta una crítica a la política de transición energética del país. Argumenta que, si bien se busca la descarbonización, esta «transición» se alinea con intereses corporativos y del Norte Global, perpetuando el extractivismo y las desigualdades socioambientales. Se enfatiza que minerales como el litio, el cobre y las tierras raras, cruciales para tecnologías «verdes» para la electromovilidad, están intensificando la presión sobre el territorio chileno, causando crisis hídricas y afectando a las comunidades. El texto también examina la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, destacando la falta de participación ciudadana genuina y la priorización de intereses comerciales y geopolíticos sobre la soberanía territorial y los derechos de los pueblos. Concluye que la actual transición energética corporativa no es una solución justa, sino una expansión del modelo extractivista.