Organizaciones sociales, campesinas, indígenas, de derechos humanos y sindicales denuncian el tratado comercial, negociado a espaldas de la ciudadanía y a punto de aprobarse. También se suman organizaciones de la sociedad civil canadiense a las denuncias de militarización y criminalización del conflicto. Contaminación, daños a la producción agrícola y despojo a comunidades campesinas, son algunos de los problemas que amenaza con agravar este tratado a medida del capital minero canadiense.
En el mes de octubre numerosas organizaciones ecuatorianas exigieron al gobierno del Ecuador suspender las negociaciones del TLC Ecuador – Canadá debido a que:
– Las negociaciones se han llevado de manera secreta, impidiendo que las comunidades y pueblos indígenas, las organizaciones sociales y el pueblo ecuatoriano analizar, debatir y evaluar sus efectos en los derechos humanos, en los derechos colectivos y los de la naturaleza.
– Su propósito es favorecer la minería, una actividad que trae violencia contra las comunidades, pueblos y nacionalidades, promueve la destrucción de la tierra, el agua, la biodiversidad en los territorios y criminaliza a quienes los defienden.
– En cuatro consultas populares vinculantes el pueblo ecuatoriano se ha pronunciado para que se detengan las actividades mineras y se priorice el cuidado y la defensa de los páramos, los bosques, los ríos. El pronunciamiento popular debe ser escuchado.
Las organizaciones ecuatorianas también afirman que “los TLC son una condicionalidad exigida por el Fondo Monetario Internacional, se negocian en condiciones desiguales y agudizan la catástrofe climática porque promueven una mayor devastación de la naturaleza. Además, profundizan la explotación laboral y la violencia contra las mujeres y otros sectores vulnerables”.
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Militarización, criminalización y violencia hacia las comunidades
Las organizaciones ecuatorianas denuncian, asimismo, que el tratado está hecho a medida de los proyectos mineros y señala que el tratado impulsa la militarización de las zonas de explotación, como lo muestra el reciente acuerdo entre el Ministerio de Energía y Minas y el de Defensa Nacional para “Priorizar y proponer los proyectos mineros para ser considerados como Áreas Reservadas de Seguridad”.
En este contexto, sociedad civil canadienses e internacionales se sumaron a las organizaciones ecuatorianas para expresar su profunda preocupación por la militarización, criminalización e intimidación de las personas y comunidades campesinas, montubias e indígenas de Palo Quemado, cantón Sigchos, provincia de Cotopaxi, afectadas por la empresa minera canadiense Atico Mining y su proyecto La Plata, como resultado de su defensa del agua y la vida.
Según señala la ONG Global Witness en su informe “Voces silenciadas” de 2024 “las agresiones con consecuencias mortales suelen producirse paralelamente a otras represalias generalizadas contra el activismo ambiental: actos de violencia, intimidación, campañas de desprestigio y criminalización organizados por Gobiernos, empresas y otros agentes no estatales. Esta circunstancia se da en todas las regiones del mundo y en casi todos los sectores. […] América Latina registra sistemáticamente el mayor número de asesinatos documentados de personas defensoras de la tierra y el medioambiente: en 2023, el 85 % de todos los casos”.
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