Una decisión soberana con resonancia internacional en la pelea contra el mecanismo ISDS. Ecuador tiene una larga historia de resistencia al arbitraje, tanto es así que el tema fue prohibido expresamente en la Constitución de 2008.
Por Luciana Ghiotto – Transnational Institute (TNI)
22 de abril de 2024
El domingo 21 de abril ha sido un día histórico. El pueblo ecuatoriano votó masivamente por el NO en la pregunta del referéndum sobre si el Ecuador debía volver al arbitraje. El gobierno de Noboa perdió de forma rotunda en la Pregunta D, donde cerca del 65% de los ciudadanos votaron en contra. Ecuador se mantiene entonces fuera de este mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estado (ISDS por su sigla en inglés), pasados ya siete años de haber terminado todos los tratados internacionales que incluían el arbitraje.
Es lunes 22 de abril por la mañana. Los votos aún se están contando, y la diferencia se sigue agrandando.
Ecuador no era cualquier país, este no era cualquier referéndum. Ecuador tiene una larga historia de resistencia al arbitraje, tanto así que el tema fue prohibido expresamente en la Constitución de 2008. La pregunta D del referéndum: “¿Está usted de acuerdo con que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales?” ponía en cuestión la modificación del artículo 422 de la Constitución. Desde 2017, cuando Ecuador terminó todos sus tratados de protección de las inversiones que contenían arbitraje, la derecha económica ha atacado sistemáticamente este artículo, argumentando que restringe la capacidad del país para recibir inversiones extranjeras.
Esto ha sido una victoria gigante para los movimientos sociales del Ecuador que en el tiempo récord de un mes y medio montaron una campaña ciudadana a escala nacional. Resultó ser un gran logro poner el foco de la campaña contra todo el referéndum en la pregunta sobre arbitraje. Esta pregunta estaba escondida dentro de una serie de preguntas relacionadas con la agenda de seguridad, especialmente el uso de las fuerzas armadas en la seguridad interior, en donde ganó el Sí. Sin embargo, la victoria del No fue aplastante en dos de las preguntas vinculadas a las políticas neoliberales: en la Pregunta D sobre arbitraje y en la Pregunta E sobre la posibilidad de que se permitieran los contratos laborales con trabajo por hora.
Pero existió el miedo a que ganara el Sí. Esto hubiera permitido nuevamente que los inversores extranjeros en el Ecuador pudieran saltar la justicia nacional y demandar al Estado en tribunales arbitrales internacionales cuando estos entienden que la política pública ha modificado de cualquier modo su ganancia, o su expectativa de ganancia.
Ecuador ya sabía de los privilegios que han tenido los inversores extranjeros en el país. Recientemente desde el Transnational Institute publicamos un informe que muestra que Ecuador es el 5to país más demandando de América Latina, donde los inversores extranjeros presentaron 29 demandas arbitrales[1]. El dato más notorio es que la mitad de estas demandas están vinculadas a actividades en los sectores extractivos (hidrocarburos y minería). En un país que viene organizándose contra la extracción de minerales y de petróleo en áreas protegidas y de gran valor por su biodiversidad, hay experiencia de sobra para hablar de los privilegios de los inversores. Por eso la respuesta de las organizaciones sociales fue tan rápida, y sin dudas por ello el resultado del No es tan rotundo en la Pregunta D.
Una victoria para la lucha local y global contra el arbitraje
Ganó el No. Y, ¿qué pasa ahora? El artículo 422 se queda como está, tal como fue redactado en 2008 por la Asamblea Constituyente. Ecuador sigue fuera del arbitraje. Esto significa que el tratado de libre comercio que había firmado el gobierno de Lasso con Costa Rica queda paralizado. La Corte Constitucional ecuatoriana ya lo había declarado inconstitucional por incluir el mecanismo ISDS de arbitraje. Y el tratado con Canadá, que sería negociado este año, también queda congelado. Los inversores extranjeros presentarán demandas en la justicia nacional ecuatoriana, no el arbitraje, al igual que lo hace cualquier ciudadano ecuatoriano, cualquier pequeña o gran empresa nacional, cualquier comunidad afectada por el extractivismo. Sin arbitraje hay justicia nacional, como ha sido siempre en la etapa de los Estados-nación modernos. Ha sido así hasta la década neoliberal, hasta los años noventa.
Y festejamos porque la campaña fue un éxito. Logró juntar en un mismo objetivo a amigos y adversarios políticos. Por un lado, sectores del movimiento indígena y campesino, con la CONAIE al frente; el movimiento de Yasunidos, victorioso en la consulta popular de agosto de 2023 donde el pueblo votó por mantener el Yasuní sin explotación petrolera; la UDAPT, Unión de Afectados/as por Texaco-Chevron, que organizó rápidamente un toxic-tour a la provincia de Sucumbíos para mostrar a jóvenes influencers que no habían nacido en los años noventa, los impactos de la contaminación petrolera en la selva, que aún pervive; Acción Ecológica, parte de Ecuador Decide mejor sin TLC, una coordinación con experiencia de años en explicar el sistema jurídico que da privilegios a los inversores extranjeros.
A estos movimientos se sumaron decenas de otros desde todo el país para explicar qué es el arbitraje en radios locales, comunitarias, canales de televisión regionales, en redes sociales. Fueron a hablar a cada lugar donde fueron convocados, mostrando los números de los impactos del arbitraje en Ecuador, explicando cómo funciona el mecanismo, dando el debate con periodistas no tan convencidos. Entraron en escena los nuevos medios de comunicación, especialmente los que miran los jóvenes: Instagram, Tik Tok, Twitter, Whatsapp. Todo medio fue válido, todo tweet fue reenviado, todo mensaje amplificado. La campaña fue acelerada, pero certera: el mensaje central era votar No en la pregunta D, dentro de una campaña más grande por el No en las 11 preguntas del referéndum, sobre lo que no todos estaban de acuerdo.
A la par de los movimientos trabajaban los equipos de Revolución Ciudadana, con ex funcionarios del gobierno de Rafael Correa a la cabeza, aquel equipo de jóvenes economistas y abogados que impulsaron la Comisión de Auditoría Integral de los Tratados de Inversión y del Sistema de Arbitraje (CAITISA) en 2013 y que hoy ocupan lugares importantes dentro del partido, como el propio Andrés Arauz, quien fuera candidato a la presidencia. Este grupo sabía perfectamente de los impactos negativos del arbitraje, porque en sus años en el gobierno convirtieron este tema en su caballito de batalla. Esa lucha dio sus frutos, ya que los resultados de la CAITISA avalaron la decisión del gobierno de terminar todos los tratados con protección de inversiones extranjeras, dejando una bomba política en manos del sucesor Lenin Moreno. Este presidente, junto con los que vinieron después, intentaron bajo todo concepto derribar el artículo 422 de la Constitución, pero no pudieron. Esto fue sin dudas el mérito no solo del equipo de gobierno de Correa, sino de los constituyentes que redactaron e incorporaron este artículo en la Constitución de 2008, ya que lograron edificar un candado, una pared legal que mantuvo la prohibición del arbitraje incluso frente a los intentos desesperados de la derecha económica.
A los grupos locales se suma el apoyo internacional. Porque el rechazo al arbitraje no es un tema nacional y ni siquiera regional: es global. El arbitraje ISDS ha generado numerosas críticas desde los ámbitos académico, profesional, gubernamental y de la sociedad civil de todo el mundo. Rápidamente se articuló una declaración global que contó con el apoyo de más de 150 organizaciones sociales, incluyendo la European Trade Justice Coalition, una coalición que nuclea a más de 50 organizaciones y redes en todo el territorio europeo, y que tiene una vasta experiencia de resistencia frente al arbitraje, incluyendo la victoria reciente cuando varios países europeos anunciaron la salida del Tratado de la Carta de Energía (un mega-tratado con arbitraje que beneficia a los inversores especialmente del sector de energía fósiles). Se sumó también la Plataforma América Latina mejor sin TLC, que coordina a una parte importante de las organizaciones que vienen peleando contra el libre comercio y el arbitraje, desde allá lejos, desde la campaña contra el ALCA hace más de dos décadas.
No se intenta quitar aquí valor al trabajo de las organizaciones ecuatorianas en la victoria del No, pero sí es importante resaltar que cada movimiento que pelea contra el arbitraje en cualquier parte del mundo recibe la solidaridad y el apoyo internacional. La pelea contra el arbitraje y los tratados de inversión es parte de una red global de luchas que lleva veinte años, y se activa rápidamente al ser requerida. Porque se entiende que la pelea por una globalización más justa es global, las batallas se dan en los foros internacionales, pero también a escala local, nacional. Y en Ecuador, esta lucha terminó ayer en una victoria, teniendo una resonancia enorme en las luchas contra el arbitraje en todo el mundo. Por ello, vale decir nuevamente: gracias, Ecuador, nos sigues mostrando que es posible decirle no al poder económico y sus acólitos legales.
Ecuador said “no” to international arbitration: a sovereign decision with international resonance in the fight against ISDS
Luciana Ghiotto – Transnational Institute (TNI)
April 22nd, 2024
April 21st has been a historic day. The Ecuadorian people voted massively NO in the referendum question about whether Ecuador should return to arbitration. The Noboa government lost resoundingly on Question D, as nearly 65% of citizens voted against it. Ecuador thus remains outside this investor-state dispute settlement mechanism (ISDS), seven years after having terminated all international treaties that included arbitration.
It is Monday morning, April 22. The votes are still being counted, and the gap continues to widen.
Ecuador was not just any country; this was not just any referendum. Ecuador has a long history of resistance to arbitration, so much so that the issue was expressly prohibited in the 2008 Constitution. Question D of the referendum: “Do you agree that the Ecuadorian State recognizes international arbitration as a method to resolve disputes in terms of investment, contractual or commercial?” which would imply the modification of article 422 of the Constitution. Since 2017, when Ecuador ended all its investment protection treaties containing arbitration, the economic right has systematically attacked this article, arguing that it restricts the country’s ability to receive foreign investment.
This has been a giant victory for the social movements of Ecuador, which in the record time of a month and a half mounted a citizen campaign on a national scale. It turned out to be a great achievement to put the focus of the campaign against the entire referendum on the arbitration question. This question was hidden within a series of questions related to the security agenda, especially the use of the armed forces in internal security, where the Yes won. However, the No victory was overwhelming in two of the linked questions to neoliberal policies: in Question D on arbitration and in Question E on the possibility of allowing labor contracts with hourly work.
But there was a fear that the Yes vote would win. This would have once again allowed foreign investors in Ecuador to bypass national justice and sue the State in international arbitration courts when they understand that public policy has modified their profits in any way.
Ecuador already knew of the privileges that foreign investors have had in the country. Recently from the Transnational Institute we published a report that shows that Ecuador is the 5th in the list of countries with the largest number of investors claims in Latin America, where foreign investors filed 29 arbitration claims. The most notable fact is that half of these claims are linked to activities in the extractive sectors (hydrocarbons and mining). In a country that has been organizing against the extraction of minerals and oil in protected areas of great value for their biodiversity, there is plenty of experience to talk about the privileges of investors. That is why the response from social organizations was so quick, and undoubtedly this is why the result of No is so resounding in Question D.
A victory for the local and global fight against arbitration
Now, we have the victory of No. And what happens now? Article 422 remains as it is, as it was drafted in 2008 by the Constituent Assembly. Ecuador remains out of arbitration. This means that the free trade agreement that the Lasso government had signed with Costa Rica is paralyzed. The Ecuadorian Constitutional Court had already declared it unconstitutional for including ISDS. And the treaty with Canada, which would be negotiated this year, is also frozen. Foreign investors will have to file lawsuits in Ecuadorian national justice, not arbitration, just as any Ecuadorian citizen does, any small or large national company, any community affected by extractivism. Without arbitration there is national justice, as it has always been in the era of modern nation-states. It has been like this until the neoliberal decade, until the nineties.
And we celebrate because the campaign was a success. It managed to bring friends and political adversaries together in the same objective. On the one hand, sectors of the indigenous and peasant movement, with CONAIE at the forefront; the Yasunidos movement, victorious in the popular consultation of August 2023 where the people voted to keep Yasuní without oil exploitation; the UDAPT, Union of People Affected by Texaco-Chevron, which quickly organized a toxic-tour to the province of Sucumbíos to show young influencers who were not even born in the nineties, the impacts of oil pollution in the jungle; Acción Ecológica, part of Ecuador Decide better without FTAs, a coordination with years of experience in explaining the legal system that gives privileges to foreign investors.
Dozens of others from all over the country joined these movements to explain what arbitration is on local and community radio stations, regional television channels, and on social networks. They spoke at each place where they were summoned, showing the numbers of the impacts of arbitration in Ecuador, explaining how the mechanism works, giving the debate with journalists who were not so convinced. New media entered the scene, especially those watched by young people: Instagram, Tik Tok, Twitter, Whatsapp. Every medium was valid, every tweet was forwarded, every message amplified. The campaign was accelerated, but accurate: the central message was to vote No on question D, within a larger campaign for No on the 11 questions of the referendum, on which not everyone agreed.
Working alongside the movements were the teams of the political party Revolución Ciudadana, led by former officials of Rafael Correa’s government. This group of economists and lawyers had promoted the Comprehensive Audit Commission of Investment Treaties and the Arbitration System (CAITISA) in 2013 and today occupy important places within the party, like Andrés Arauz himself, who was a candidate for the presidency. This group knew perfectly well the negative impacts of arbitration, because in their years in government they turned this issue into their hobbyhorse. That fight bore fruit, since the results of CAITISA supported the government’s decision to end all treaties that included the protection of foreign investments, leaving a political bomb in the hands of successor Lenin Moreno. This president, along with those who came after, tried under every possible means to overthrow article 422 of the Constitution, but they could not. This was undoubtedly the merit not only of Correa’s government team, but of the constituents who drafted and incorporated this article in the 2008 Constitution, since they managed to build a padlock, a legal wall that maintained the prohibition of arbitration even in the face of the desperate attempts of the economic right.
We must also mention the international support that was added to the work of local groups. Because the rejection of arbitration is not a national or even regional issue: it is global. ISDS has generated much criticism from academia, professional, government and civil society around the world. A global declaration was quickly articulated that had the support of more than 150 social organizations, including the European Trade Justice Coalition, a coalition that brings together more than 50 organizations and networks throughout Europe, and that has vast experience of resistance against arbitration, including the recent victory when several European countries announced their withdrawal from the Energy Charter Treaty (a mega-treaty with arbitration that benefits investors especially in the fossil energy sector). The Platform Latin America better without FTAs also joined, which coordinates an important part of the organizations that have been fighting against free trade and arbitration since the campaign against the FTAA (ALCA) more than two decades ago.
There is no attempt here to devalue the work of Ecuadorian organizations in the victory of No, but it is important to highlight that every movement that fights against arbitration anywhere in the world receives international solidarity and support. The fight against arbitration and investment treaties is part of a global network of struggles that has been going on for twenty years and is quickly activated when required. Because it is understood that the fight for a fairer globalization is global, the battles take place in international forums, but also on a local, national scale. And in Ecuador, this fight ended yesterday in a victory, having enormous resonance in the fights against arbitration around the world. Therefore, it is worth saying again: thank you, Ecuador, you continue to show us that it is possible to say no to economic power and its legal acolytes.
[1] Ecuador – impactos del arbitraje internacional, TNI, marzo de 2024. https://isds-americalatina.org/perfiles-de-paises/ecuador/