Piden que Colombia se retire del Tratado de la Carta de Energía
La misión internacional que visita el país del 22 de mayo al 1 de junio, denuncia abusos por parte de las trasnacionales. Solicita también que Colombia se retire del acuerdo sobre energía del que es observadora.
Del 22 de mayo al 1 de junio, Colombia será escenario de una misión internacional que tiene como objetivo principal denunciar los abusos cometidos por empresas transnacionales en el país. En esta iniciativa, se incluye una demanda específica: poner en relieve los impactos negativos que el Tratado de la Carta de Energía (TCE) podría tener para Colombia, y solicitar al gobierno que deje de ser un observador de dicho acuerdo. Para obtener una visión más profunda sobre los riesgos y consecuencias del tratado, dialogamos con Lucía Bárcena, investigadora del TNI.
El Tratado de la Carta de Energía (TCE) es un acuerdo internacional de protección de inversiones firmado por más de 53 estados. Este acuerdo surgió en 1991 después de la caída del Muro de Berlín con el propósito inicial de asegurar el suministro de recursos energéticos fósiles a los países de Europa Occidental. Estos recursos incluían el gas de Rusia, el petróleo de Asia Central y el uranio de Mongolia.
Sin embargo, el TCE ha sido fuertemente criticado por su falta de transparencia y los peligros que acarrea para los países firmantes. Un informe publicado por el Transnational Institute sostiene que el TCE es el acuerdo de protección de inversiones más peligroso del mundo, ya que ningún otro tratado ha desencadenado más demandas de los inversores contra los Estados. Además, según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el TCE ha registrado el mayor número de demandas ISDS relacionadas con medidas sobre el medio ambiente (80 de 175 casos).
Para la reconocida experta en política de comercio e inversiones de la Unión Europea, Lucía Bárcena, “muchos países europeos se están retirando del TCE por los riesgos que supone estar expuesto a las demandas extranjeras”. En ese contexto, explicó que, mientras Europa revisa y cuestiona el acuerdo, los países del Sur Global están siendo presionados y evaluando ingresar a este sistema. “Colombia es un claro ejemplo de este proceso” agregó.
“Muchos países europeos se están retirando del TCE por los riesgos que supone estar expuesto a las demandas extranjeras”.
Lucía Bárcena
Cabe aclarar que en este momento Colombia es observador del TCE, es decir que ha firmado una declaración política no vinculante en la que expresa su interés en adherirse al tratado. Los observadores pueden participar en las discusiones y recibir información sobre las actividades del TCE, pero no tienen la capacidad de influir en las decisiones tomadas por los Estados parte del tratado. Es un primer paso hacia la adhesión al TCE, pero no implica una obligación legal para el Estado u organización observadora.
Además del riesgo de recibir demandas millonarias por parte de empresas transnacionales, el TCE puede tener un fuerte impacto a nivel ambiental, ya que sus disposiciones protegen a los inversores en energías fósiles y pueden desalentar a los gobiernos de regular para proteger el medio ambiente o acelerar la transición energética: “Cualquier política que un gobierno quiera tomar para descarbonizar la economía, para dejar los combustibles fósiles bajo el suelo, le va a salir muy caro, porque si toma esa política va a tener que enfrentar una demanda de arbitraje millonaria, lo que incrementa el costo de la lucha climática. El Tratado de la Carta de Energía, aunque sea en su versión reformada, sigue protegiendo las inversiones en combustibles fósiles y esto va totalmente en contra de los compromisos sobre el clima”.
Bárcena también puntualizó en la importancia de analizar el entramado “lex mercatoria” para comprender el funcionamiento de este acuerdo. La investigadora puntualizó que se trata de“un conjunto de instrumentos que las empresas transnacionales utilizan para tener mayor impunidad en los países donde operan. Uno de esos instrumentos es el arbitraje de inversión, y los tratados bilaterales de inversión que Colombia ha firmado contienen este tipo de arbitraje”
Según Bárcena, “la firma de acuerdos de comercio e inversión a menudo se percibe como algo distante que solo tiene implicaciones en términos de liberación de aranceles. Sin embargo, esta percepción está lejos de la realidad, ya que dichos acuerdos tienen numerosas implicaciones para los pueblos”. A través de este accionar, la investigadora agregó que “se busca establecer una forma de justicia privada que proteja a los inversores transnacionales de cualquier medida que los gobiernos puedan tomar, incluso aquellas relacionadas con el medio ambiente o en respuesta a protestas y luchas sociales”.
En ese marco, Bárcena sostuvo la importancia de la llegada de la misión internacional a Colombia para explorar casos concretos que ilustran esta situación. Para la investigadora, el objetivo principal de la misión es fomentar el conocimiento y promover la conexión entre las organizaciones que defienden los derechos humanos y la firma de estos tratados, especialmente en relación con el recurso del arbitraje de inversión. Así, se busca acompañar a estas organizaciones para que puedan unir sus luchas en defensa de los derechos humanos con la problemática de estos tratados y su impacto en la sociedad.