La Conferencia Regional «Tras la pandemia, la guerra. América Latina y El Caribe de cara a los desafíos de la crisis» emitió su declaración final. La misma incluyó, además cuestiones sobre justicia tributaria y endeudamiento, aspectos vinculados a la protección ambiental y la integración regional, con un marcado enfoque feminista.
Por JUSTICIA FISCAL
Declaración Final de la Conferencia Regional Tras la pandemia, la guerra América Latina y El Caribe de cara a los desafíos de la crisis Organizada por la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFALyC) y la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (LATINDADD) Lima, 8 y 9 de agosto de 2022 Declaración de Lima.
Declaración de Lima
Las organizaciones y personas que suscriben:
Considerando que:
- En medio de los desajustes y desequilibrios provocados globalmente por la pandemia del Covid, el mundo vive un gravísimo momento de guerra que se expresa en el incremento gigantesco de la inflación, el encarecimiento de la energía y de los alimentos que pone en riesgo a millones de personas. El escenario de la guerra entre Rusia y Ucrania, acicateada por la OTAN, enseguida de la pandemia agrava en extremo las secuelas globales de la pandemia que aún nos acompaña.
- En América Latina y El Caribe, que debe ser una región de paz, esta situación lleva a un mayor ciclo de pobreza y de exclusión social, acentuando las desigualdades pre existentes en el continente. En especial, las desigualdades en contra de las mujeres, los sujetos feminizados y las diversidades sexuales y de género se han profundizado tanto por la crisis, como por las políticas de recuperación.
- Afrontamos retos enormes debido a una crisis múltiple que es muy grave en términos de crisis alimentaria, energética, fiscal, climática y, en muchas partes de la región, crisis de deuda.
- A pesar que para los organismos multilaterales, los países de la región son considerados como “países de ingreso medio”, ello no representa su realidad y esconde una serie de vulnerabilidades económicas, sociales, de género y climáticas.
- Sabemos que existen los recursos suficientes en el mundo para financiar la Agenda 2030 y la agenda climática, pero falta la voluntad política de la comunidad financiera internacional para orientarlos a la justicia económica, social y climática.
- No obstante, en el escenario de pandemia y guerra, América Latina y El Caribe viven un momento de giro político en varios países que puede representar avances en la democratización social. Las recientes elecciones de Gustavo Petro y del Pacto Histórico en Colombia; de Gabriel Boric y Apruebo Dignidad en Chile; y de Xiomara Castro y Partido Libre en Honduras, traen esperanzas y desafíos a nuestros pueblos al tener propósitos transformadores de inclusión política, justicia social, económica y climática. Esperamos que esas esperanzas se concreten y sean un ejemplo para el resto de los países de la región.
- Sin embargo, el principal desafío para la región sigue siendo la manera en que se enfrentarán las crisis actuales. O bien por la vía de favorecer a los intereses corporativos y de las élites nacionales e internacionales, o bien, por una salida que beneficie a las grandes mayorías y que priorice el proyecto histórico de los pueblos por encima del proyecto histórico del capital. Democracia no es igual a capitalismo como nos repite el poder mediático. La vía elegida expondrá si la oleada de cambio político actual va por un camino positivo, democratico e inclusivo o todo lo contrario, es decir, más de lo mismo.
- Partiendo de la Declaración “Cambiar las reglas para preservar la vida: apuesta de Latindadd frente a la pandemia del Covid-19” de mayo de 2020 en la cual se expresó “la necesidad de tomar medidas urgentes para el corto, mediano y largo plazo” para salir de la crisis; se expuso un conjunto de propuestas a modo de nueva agenda económica-social titulada “Nuevas Reglas Económicas, Justicia Social y Democratización”, ello en medio de una disputa abierta entre las élites del poder económico, los Estados y las expresiones de la ciudadanía organizada en las medidas para enfrentar la pandemia. En esa ocasión, afirmamos, y ahora lo ratificamos, que se necesita la mayor articulación posible de las organizaciones sociales y de sociedad civil de la región.
- El mundo está atravesando un tránsito geopolítico y la guerra se ha vuelto un eje clave de la coyuntura mundial. Es nuestro deber sumar esfuerzos para finalizar con un conflicto que puede escalar a un invierno nuclear que puede ser el fin de la vida en el planeta, sin perjuicio de que los límites planetarios que la humanidad ha sobrepasado desde hace tiempo ya puso en riesgo la vida en la Tierra.
- Finalmente, el rotundo fracaso de la llamada guerra contra las drogas, la cual ha dejado cientos de miles personas asesinadas y desplazadas en la región y ha fortalecido a las mafias, al mismo tiempo que los Estados debilitados y capturados, lo que constituye una de las mayores amenazas contra la democracia.
Hacemos un llamado a las organizaciones sociales para:
En Justicia Fiscal:
- Luchar por reformas fiscales justas, suficientes y progresivas que provean a los Estados de los recursos necesarios para eliminar las inequidades, asegurando los derechos de las personas y el acceso a servicios básicos universales y de calidad, en especial la protección social y el fomento de una revolución productiva del mercado interno.
- Abordar de manera definitiva la tributación de la riqueza y el capital para generar una mayor redistribución que rompa con un sistema de privilegios, avance en la diversificación de la matriz productiva y de los modelos económicos y garantice derechos.
- Sumar sus esfuerzos a los procesos de trabajo regional y global para fomentar un sistema fiscal internacional de participación en igualdad de condiciones que ponga fin al fraude fiscal internacional.
- Promover e impulsar mecanismos de transparencia que hagan frente a las guaridas fiscales, las estructuras offshore, los flujos financieros ilícitos y el fraude fiscal, como medios nocivos que socavan el financiamiento necesario para una sustancial mejoría de la inversión social, y el desarrollo productivo de nuestros países.
- Ejercer presión sobre gobiernos, promover demandas con base en nuestras agendas buscando ser reconocidos como un actor central en la lucha por la justicia fiscal.
- Fortalecer redes y promover alianzas estratégicas entre organizaciones a nivel nacional, regional y global con el objetivo de multiplicar las voces que demandan acciones por un sistema fiscal justo, transparente y equitativo al servicio de los pueblos.
- Vigilar y denunciar las prácticas de fraude tributario corporativo.
En Justicia de la Deuda y del Financiamiento
- Luchar por la cancelación de la deuda de los países donde la exposición a vulnerabilidades económicas-sociales-climáticas y la priorización del pago de la deuda están poniendo en riesgo la protección social y la vida.
- Luchar y oponerse a las políticas de austeridad impulsadas por el Fondo Monetario Internacional y la comunidad financiera internacional.
- Impulsar la perspectiva de género en la economía, integrando la economía feminista en los debates a todo nivel como alternativa al capitalismo colonial y patriarcal.
- Seguir reclamando la responsabilidad climática de los países del norte global, alertando sobre el corto tiempo que tiene la humanidad para atender la crisis climática.
- Rechazar las falsas soluciones a la crisis climática, tales como los mercados de carbono, que se están proponiendo en el marco de las negociaciones internacionales sobre cambio climático y que, además de no resolver el problema, seguirán aumentando las desigualdades en el mundo.
- Promover un encuentro internacional en Colombia que reúna a congresistas de la región a fin de elaborar una propuesta de canje de la deuda con el objetivo de obtener los recursos que permitan realizar las reformas sociales prometidas.
- Abordar la movilidad humana, sea migración económica o desplazamiento por conflictos en la región como un problema endémico que debe ser abordado no con represión, sino con acuerdos multilaterales de cooperación y desarrollo.
En Economías Transformadoras
- Apostar por transformaciones profundas en la economía desde la perspectiva feminista, los derechos de la naturaleza y justicia climática para un futuro sostenible, la seguridad y soberanía alimentaria como derechos colectivos, el impulso de la Renta Básica Universal y sin condiciones, la justicia fiscal progresiva como factor redistributivo de la riqueza y la reestructuración de la deuda pública para sanear las economías públicas y pagar las deudas sociales
- Apostar por la reinvención y construcción colectiva de la democracia que queremos. Incluir en sus agendas acciones que corrijan las desigualdades y relaciones de poder que persisten y afectan nuestras vidas, cuerpos y territorios.
- Articulación de organizaciones y movimientos sociales para influenciar en espacios internacionales que puedan hacer recomendaciones a los Estados frente a la urgencia de la inclusión de acciones concretas que respondan a la transformación de las violencias y la superación de las discriminaciones que afectan a las mujeres amazónicas y andinas.
- Respaldar el veredicto del III Tribunal Ético en defensa de los cuerpos y territorios de las mujeres amazónicas y andinas, que continuará sesionando e investigando los casos allí presentados.
- Respaldar al Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza. Haciendo nuestro su planteamiento: que la Amazonía es un ente vivo y amenazado, sujeto de derechos, al cual las empresas, en complicidad con los estados, le han declarado la guerra, y las comunidades indígenas, asentamientos, campamentos, comunidades locales, tradicionales, campesinos, quilombolas, ribereños, los pueblos indígenas, rurales y urbanos, son quienes están en la primera línea de este enfrentamiento, y sus derechos deben ser garantizados.
- Declarar el Estado de Emergencia Climática en la Pan Amazonía y su cumplimiento permanente para permitir su restauración activa y la protección de su biodiversidad, en coordinación con los pueblos amazónicos y avanzar hacia un nuevo paradigma de relacionamiento con la naturaleza.
- Rechazar las políticas públicas extractivistas de los gobiernos que atentan contra la vida y la naturaleza avanzando a propuestas como el “vivir sabroso”, visto como un nuevo modelo de organización de la vida en torno a nuevos valores económicos y nuevos sujetos de enunciación de la economía.
En Integración Regional
- Retomar acciones y narrativas para que el tema de la integración regional se vuelva a colocar en las agendas de las organizaciones y movimientos sociales desde el enfoque de la “integración desde los pueblos” .
- Impulsar que la variable de la integración regional vuelva a ser una prioridad en la agenda política de los gobiernos de América Latina y el Caribe
- Impulsar los procesos de participación de la sociedad civil y los movimientos sociales en los mecanismos y organismos de integración existentes en la región como CELAC, CAN, Unasur, Runasur y demás.
- Apoyar la propuesta de convocar una Convención Internacional en el tema de las drogas que permita la vida y no genere más muertes.
Demandamos a las autoridades públicas nacionales, regionales y globales multilaterales y de integración.
- A todos los gobiernos de la región, en especial a los de Chile, Honduras y Colombia, que recientemente han abierto procesos de cambio, que lideren la organización de una cumbre regional contra las guaridas fiscales y el abuso fiscal transnacional y un espacio de coordinación permanente en políticas fiscales que se impulse desde el ámbito de la CELAC.
- Hacer reformas tributarias progresivas, estableciendo impuestos a las riquezas y grandes fortunas, a las ganancias de capital, herencias y bienes suntuarios, así como a las ganancias extraordinarias de sociedades multinacionales. Impulsar la generación de un impuesto mínimo global beneficioso para nuestros países, impuestos ambientales y al carbón, con el objetivo de financiar servicios esenciales y políticas públicas inclusivas y de calidad. Promover la eliminación de exoneraciones fiscales de sectores que no lo necesitan, y proyectar, al mismo tiempo, rebajas o eliminación de impuestos al consumo masivo de alimentos.
- Combatir coordinadamente la opacidad global de las guaridas fiscales, estableciendo mecanismos de control, regulacion y fiscalizacion en operaciones comerciales y financieras de multinacionales y grandes fortunas individuales, como el intercambio automático de información multilateral, los reportes de operaciones país por país públicos, los registros públicos de beneficiarios finales de empresas, el registro global de activos de acceso público, así como la eliminación del secreto fiscal y bancario y las sociedades offshore.
- Revertir el dominio de la OCDE en la gobernanza fiscal global. Es decir, impulsar la creación de un organismo intergubernamental en el marco de las Naciones Unidas que determine los lineamientos de carácter vinculante para la plena participación democrática de los todos los países, con especial énfasis, en los países del sur global. Asimismo, impulsar la creación de un organismo supranacional en materia tributaria en América Latina y El Caribe en el marco de los organismos de integración existentes o futuros.
- Implementar un proceso de reestructuración de la deuda a través de un tribunal de arbitraje independiente, transparente, oportuno y vinculante, en el seno de la Naciones Unidas. Asimismo, impulsar las auditorías de la deuda como un mecanismo de verdad y justicia para determinar las deudas ilegítimas.
- Dejar de excluir a los países de ingreso medio en las políticas globales de recuperación y aplicar criterios integrales con una perspectiva holística para políticas de financiamiento y renegociación de la deuda, en lugar de indicadores que esconden realidades, como el PIB per cápita.
- Eliminar la imposición de medidas de austeridad y condicionalidades en los préstamos a los países de la región, que aceleran y profundizan los impactos negativos sobre la población más afectada por la desigualdad y la pobreza.
- Aprobar una nueva emisión de Derechos Especiales de Giro (DEG), así como una redistribución justa a los países del sur a través de canales fuera del FMI, siendo que la situación de crisis se encuentra en una situación más grave que en el estallido de la pandemia.
- Poner alto a la financiarización de la inversión privada transnacional en los servicios públicos, especialmente salud y educación; y poner un alto a la financiarización de los objetivos de desarrollo sostenible con proyectos de infraestructura que generan impactos sociales, ambientales y fiscales negativos en nuestros países.
- Poner la reducción de desigualdades de género, raza/etnia en el centro de la agenda política, del crecimiento económico, de la recuperación económica y en general de lo que se denomina desarrollo. La recuperación económica debe ser feminista, antiracista y transformadora.
- Cumplir con los compromisos climáticos de reducción de emisiones y de financiamiento concesional. No más deuda para pagar nuestra adaptación al cambio climático.
- Iniciar la transición energética y de modelo económico a nivel mundial, sin profundizar el extractivismo en los países del sur.
- Organizar una Cuarta Conferencia Internacional de Financiamiento para el Desarrollo FpD 4 (Monterrey+20) para, de una forma democrática, tomar decisiones de reforma estructurales de la economía global.
- A los gobiernos de países panamazónicos que pongan en práctica sus discursos contra la crisis climática y los derechos de la Madre Tierra, con medidas reales contra la deforestación, la degradación y el aumento de emisiones, y no con maquillajes de las llamadas economías verdes. Exigimos que cumplan y fortalezcan sus compromisos asumidos a nivel internacional.
- A los países de la región que velen por la vida y la protección de defensores y defensoras de la naturaleza, evitando su persecución, criminalización, judicialización, amenazas, desapariciones y asesinatos por parte de quienes son los nuevos traficantes y depredadores de los bosques, mafias y sicarios que afectan la vida de los pueblos y otras formas de vida. Para ello demandamos la ratificación y cumplimiento del Acuerdo de Escazú.
- El cumplimiento del acuerdo 169 de la OIT y que se firme, ratifique, respete e implemente el derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado, que incluye el derecho de veto por objeción de conciencia cultural en el marco de la libre determinación de los pueblos y demandamos mantener los hidrocarburos en el subsuelo y una Amazonía libre de minería.
- A los países de América Latina y El Caribe, convertir a CELAC en el principal instrumento de la integración regional, promoviendo que deje de ser un simple foro de jefes y jefas de Estado, con la participación plena de la sociedad civil y de los pequeños y medianos empresarios/as, tal como lo hemos propuesto en la iniciativa CELAC SOCIAL, que además tenga en su agenda como prioridades los temas de una nueva arquitectura financiera internacional, un sistema tributario progresivo para la región y una voz autónoma como región en la actual reconfiguración geopolítica que estamos viviendo.
- A los países de la región, hacer un llamado a promover la paz mundial, condenar la guerra entre Rusia y Ucrania en la que tiene responsabilidad la OTAN y lamentar las violaciones a los derechos humanos en esa región.
Lima, 9 agosto de 2022, día internacional de los Pueblos Indígenas y día internacional de los crímenes estadounidenses contra la humanidad.
Puede expresar su adhesión a la presente Declaración como ORGANIZACIÓN, llenando sus datos en este enlace: https://forms.gle/2v3Uv33wrVQndfeA9
Puede expresar su adhesión a la presente Declaración A TÍTULO PERSONAL, llenando sus datos en este enlace: https://forms.gle/TfK9r4TH3Evz4X5K6