Cecilia Chérrez: “Las COP son espacios de cooptación de las corporaciones”

Integrante de Acción Ecológica desde 1987 y especialista en temas ambientales, Cecilia Cherrez compartió con la Plataforma América Latina Mejor Sin TLC su visión sobre el impacto de los acuerdos de libre comercio en esta materia. Un diálogo que incluyó críticas al extractivismo y propuestas alternativas para una agenda de los pueblos.

¿Qué consecuencias sobre el medio ambiente ha dejado la implementación de los tratados de libre comercio en nuestra región?

Los impactos ambientales de los TLC en América Latina se derivan de los distintos ámbitos de aplicación de estos tratados. Por una parte, la disminución de aranceles a productos de la agro-exportación en nuestros países, provocan que las fronteras del agronegocio se expandan y en consecuencia sus efectos aumenten.

Por ejemplo, la producción de banano, camarones, flores, soya (o soja), carne, aceite de palma para agrocombustible, cacao, frutas, verduras, celulosa, entre otros, está basada en monocultivos que se extienden en grandes superficies de tierra, utilizando tecnologías altamente contaminantes del suelo, el agua y el aire. Otras exportaciones tienen que ver con la madera rolliza que se extrae de los bosques de nuestra región, con las especies marinas sobre-explotadas, o con los minerales sacados después de destruir páramos, selvas y zonas de cultivo de alimentos.

¿Quiénes son responsables de los impactos que estas actividades producen?

Todas estas operaciones, en poder de élites nacionales y de empresas transnacionales -algunas procedentes de los mismos países con los que se negocian los tratados comerciales- son desde hace tiempo responsables de haber destruido ecosistemas y de violar derechos humanos de pueblos indígenas y campesinos, así como pobladores urbanos, a quienes se ha despojado de sus tierras, se les ha desplazado, o no tienen otra alternativa que convivir con la contaminación a expensas de ver dañada su salud.

Por otro lado, se va generalizando una flexibilización de los controles ambientales por parte de los gobiernos con el fin de «atraer inversiones». Esto que provoca que el extractivismo, los agronegocios o la construcción de represas e hidroeléctricas se den sobre la base de una permisividad del daño ambiental, recurriendo a la lógica de los hechos consumados, para después, si acaso, intentar reparar lo mínimo.

¿Cómo altera esto el modo de vida de las comunidades?

Adicionalmente, los TLC abren los mercados nacionales a la producción subsidiada de potencias agrícolas como los EUA o la UE, amenazando con desaparecer a sectores de la producción campesina, pequeña, que constituyen la base fundamental de construcción de soberanía alimentaria. Como contrapartida se están dando procesos de recuperación de semillas propias, de restauración de suelos y crianza del agua, de revalorización de conocimientos agrícolas comunitarios. Un escenario de dependencia alimentaria como el que busca el poderoso lobby de las empresas agroalimentarias significaría dejar los campos en manos de los agronegocios, y que los conviertan en desiertos verdes.

Se insiste en llamar TLC a acuerdos que cada vez menos inciden en el comercio y más en cuestiones fronteras adentro de los países. ¿Qué riesgo en materia ambiental traen consigo los acuerdos que se están negociando actualmente en la región?

Efectivamente hay una parte velada que tiene que ver con las enormes facultades que se otorgan a las empresas a través de los TLC y los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI), que constituyen una suerte de marco jurídico que facilita las operaciones de las transnacionales y en la práctica les garantiza impunidad. Mediante estos tratados las corporaciones adquieren el derecho de ser tratadas como «nacionales» y obtener ganancias de acuerdo con sus expectativas. Pero además tienen la posibilidad de interponer demandas a los Estados en tribunales regidos por normas comerciales (en los cuales tienen altas probabilidades de ganar), si se produce algún cambio en las políticas públicas que contravenga sus planes, aun cuando se trate de decisiones que respondan a demandas sociales para proteger y garantizar derechos fundamentales como el cuidado ambiental o la salud.

Estas demandas arbitrales en tribunales internacionales de comercio, conocido como sistema de solución de disputas entre inversionista y Estado (ISDS en inglés), ha posibilitado que las empresas transnacionales obtengan ganancias multimillonarias. Registros del 2015 muestran que América Latina y el Caribe son el escenario con mayor número de demandas de este tipo a nivel mundial, relacionados con proyectos extractivos, lo cual habla también de que en el imaginario del capital global el destino de nuestros territorios continúa siendo el del sometimiento a condiciones de explotación.

Ante ello, como hemos visto en las últimas semanas y días, los pueblos en varios países están expresándose en resistencia a la injusticia y precariedad dominantes. Las movilizaciones, el estallido social en Ecuador, Chile, Haití, por poner sólo los hechos más recientes, hablan de un hartazgo, pero también de una voluntad de retejer propuestas para construir algo distinto, y esto nos anima enormemente, porque abre espacios de esperanza.

¿Cómo deberían entenderse las iniciativas centradas en la sustentabilidad, que surgen de foros internacionales como la COP25?

Resulta necesario aclarar que las COP son ilegítimas porque constituyen espacios de cooptación de las corporaciones en las que no se toman en cuenta las iniciativas y propuestas de las organizaciones sociales para enfrentar el cambio climático.

Las COP se han convertido en conferencias de negocios desde hace bastante rato, por eso lo que sale de ellas y que es presentado como supuestas «soluciones» al cambio climático, son en realidad falsas soluciones que no han hecho que se detenga el calentamiento global. Es claro que las propuestas que emergen de las COP no son relevantes en términos de sustentabilidad. De hecho, desde que ocurren estas cumbres, hace más de 20 años, las emisiones de CO2 han seguido aumentando, y los desastres climáticos se han agravado.

En forma paralela a las cumbres oficiales, se realizan los Foros de los Pueblos donde se presentan propuestas e iniciativas de los pueblos indígenas, de las mujeres, desde el ecologismo. Se trata de propuestas concretas de la sociedad frente a la expansión de la minería, de los combustibles fósiles, la agroindustria, la geoingeniería, entre otras, así que es aquí donde se construye el movimiento global frente al cambio climático y el capitalismo.

En este contexto, una de las iniciativas más interesantes es la de dejar el petróleo bajo el suelo, que en el caso del Ecuador se presentó en 2007 ante Naciones Unidas como la Iniciativa Yasuní-ITT, sin embargo fue dada de baja por el presidente Correa en 2013.

En la COP realizada en París, los estados presentaron sus propuestas de reducción voluntaria de emisiones (INDC, por sus siglas en inglés) en base a cálculos arbitrarios que no garantizan reducir ni mínimamente las emisiones. Para la COP en Chile, deberían presentar lo que lograron al cabo de 5 años, y qué compromisos reales presentan para cada sector de la economía de los países.

Si tuviéramos que definir una agenda para el medio ambiente pensada desde las mayorías populares ¿cuál sería?

Las bases sobre las que se sustenta la crisis civilizatoria, responsable principal del caos climático, tienen que ver con la sobre-producción y el sobre-consumo, la sobre-generación de desechos que los ecosistemas ya no tienen capacidad de transformar, una matriz energética basada principalmente en combustibles fósiles, una agricultura industrial que se expande para acabar con otras formas de producción de alimentos, un mercado globalizado que debilita las formas de intercambio local.

Las alertas sonaron hace algún tiempo, y la sociedad empezó ya a construir propuestas y empujar iniciativas concretas que interpelan la agenda corporativa en sus múltiples rostros. Algunos ejemplos son:

Las incontables experiencias locales y nacionales que trabajan la transición hacia una agricultura ecológica, en diálogo con los saberes y las prácticas comunitarias. Por su parte, la red GRAIN realizó el estudio La Agricultura Campesina Enfría el Planeta, a partir de considerar que es necesario un «nuevo sistema alimentario, que pueda ser un promotor clave de soluciones para el cambio climático. Si se toman medidas para reestructurar la agricultura y el sistema alimentario mundial en torno a la soberanía alimentaria, a la agricultura en pequeña escala, a la agroecología y los mercados locales, podríamos reducir a la mitad las emisiones globales de gases de efecto invernadero en unas cuantas décadas.

Desde numerosas experiencias locales, la Red Internacional GAIA promueve iniciativas basura cero, que involucran una red amplia de decisiones sobre la salud, modos de consumo, trabajo, decisiones políticas y participación.

Otros espacios del ecologismo exigen detener la explotación petrolera y otros combustibles fósiles, como aporte sustancial a frenar el cambio climático. Una de las propuestas emblemáticas constituye la Iniciativa Yasuní-ITT, impulsada a partir de las resistencias indígenas y campesinas al petróleo en la Amazonía ecuatoriana.

Estas propuestas y muchas más son encaminadas desde organizaciones, colectivos y redes que llevan implícito el mensaje de detener los procesos destructivos y apostar por estrategias colectivas y comunitarias que giran alrededor de la reproducción de la vida, porque los ecosistemas necesitan ser restaurados y el cuidado de las fuentes de sustento necesita ser colocado por sobre el afán de lucro.

Un llamado especial tiene que ver con disputar el sentido del «interés general», que no puede ser más el de las corporaciones sino el de la sociedad y las futuras generaciones que requieren espacio/tierra/territorio y las condiciones para vivir con dignidad.

 

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